Casos como el del senador Víctor Bogado –acusado de haber engañado y utilizado sus influencias para que Gabriela Quintana, la supuesta niñera de su familia, tenga un doble salario del Estado– o el del diputado José María Ibáñez –procesado por pagar con dinero del Estado a empleados de su quinta privada– motivaron en el 2013 un repudio ciudadano nunca antes visto.
Las protestas y los escraches públicos obtuvieron dos resultados claros: una oleada de transparencia que derivó en una ley clave como la de acceso a la información pública y un aluvión de imputaciones a políticos por hechos de corrupción.
Así, con el tiempo la lista de políticos procesados fue alargándose al punto que hoy en día ninguno de los dos partidos políticos tradicionales escapa a contar con procesados entre sus candidatos al rekutu en el Senado y en Diputados.
Hoy contamos con diputados y senadores procesados por negociados con la tierra, estafas al Estado, multimillonarios desvíos de fondos públicos, contrabando, mantener a planilleros, entre otros delitos. Cualquiera sea el hecho punible, la gravedad es aún más grande cuando el responsable es un representante electo de la sociedad.
No obstante, los esfuerzos por castigar las malas prácticas políticas que aquejaron a nuestra sociedad por tantas décadas se vieron frenados en el Poder Judicial, donde los procesos a los poderosos se acumulan, se ahogan en chicanas dilatorias y arriesgan a morir encajonados.
El órgano responsable de esta escandalosa impunidad es sin duda la Corte Suprema de Justicia, un órgano que hasta ahora ha dado más señales de su sumisión al poder político que de su supuesta independencia consagrada en la Constitución Nacional.
Justamente casos emblemáticos como el de Víctor Bogado o el de José María Ibáñez no avanzan desde hace años ya, ante la indolente y cómplice mirada de ministros de la Corte leales a sus correligionarios.
Los audios filtrados por la prensa de las conversaciones del ex secretario general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández, permitieron entender cómo se mueven los hilos de la Justicia en nuestro país y hasta qué punto la clase política maneja a jueces y fiscales.
Acá el problema no es de forma. No se trata de una burocracia que ralentiza los procesos. No es indispensable cambiar puntos de la ley procesal. La solución es clara: Hasta tanto la Fiscalía y la Corte Suprema sean un botín político, no veremos a ningún congresista pagar por sus delitos.
Si no hay castigo, nuestra historia está condenada a repetirse y la corrupción a propagarse.
Hasta tanto la Justicia no sea realmente independiente y tenga la suficiente fuerza para condenar a los políticos deshonestos, nuestro sistema democrático pende de un delgado hilo.