Secuestros exprés, robos domiciliarios, asaltos en las paradas del transporte público, robos millonarios a empresas y un nivel de violencia cada vez más creciente, son realidades con las que la población debe convivir a diario. La ola de inseguridad es como una epidemia, y es imprescindible que las autoridades del Gobierno reaccionen.
Mientras los trabajadores paraguayos arriesgan sus vidas solo con viajar en el transporte público, las autoridades del ministerio del Interior y de la Policía Nacional no resuelven sus desacuerdos y lo peor, no realizan el trabajo para el cual han sido designadas.
Recientemente ha tomado estado público el roce que tuvo como protagonistas al viceministro Pablo René Ríos, y el comandante policial Luis Arias, quienes aparentemente mantuvieron una disputa que se volvió mediática. El enfrentamiento en sí es una situación completamente absurda y es inaceptable que el presidente de la República permita que quienes deberían velar por la seguridad de los paraguayos pierdan su tiempo en estériles disputas territoriales.
Mientras el conflicto no se resuelve, siguen paralizadas las acciones para la lucha contra el azote de la delincuencia que prácticamente ha tomado a todo el país. Amerita volver a mencionar la ubicación de Paraguay dentro del Índice Global de Crimen Organizado, que es una organización que evalúa los niveles de delincuencia en el mundo. Este índice ubica a Paraguay segundo en América del Sur, con el porcentaje más alto de criminalidad, por debajo de Brasil.
Además, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, son algunos de los crímenes que se posicionaron en el país, señala el informe.
Hace aproximadamente un mes, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, había opinado que, “ni la mejor policía del mundo, Scotland Yard, ha reducido a cero los hechos de violencia y asalto, más aún en época de pandemia”. No consideró sin embargo el ministro Giuzzio un preocupante detalle, y es que en el Paraguay, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado se lleva a cabo con solamente el 40% de los aparatos tecnológicos en funcionamiento. Desde hace meses, no funcionan las cámaras del sistema 911, y la resolución de algunos crímenes depende exclusivamente de las cámaras de viviendas privadas y de empresas. Tampoco llegaron nunca a funcionar los tan caros y publicitados botones de pánico que fueron ubicados en el microcentro de la capital.
A las apuradas, el departamento de Administración llamó a una licitación denominada “Actualización y Adquisición de Equipos para el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias SIGE 911 Ad Referéndum”, cuyo plazo para la presentación de ofertas venció ayer.
Según la Dirección de Contrataciones Públicas, el monto a licitar alcanza casi 8 mil millones de guaraníes, para la compra de equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento.
Deben resolverse todas las tensiones en las instituciones y poner en primer lugar el interés por el bienestar de la ciudadanía.
