EFE
“La consulta se realizará sobre el material donde aparece mencionada la persona sobre la cual se busca información”, expresó la CEA en un comunicado, en el que señala que podrán solicitar información los afectados directos por el terrorismo de Estado, así como los más allegados a los detenidos-desaparecidos y, en caso de eclesiásticos y religiosos, sus obispos y superiores mayores.
Las solicitudes de información serán recibidas en la sede de la CEA ubicada en el centro de Buenos Aires.
Para ello, se publicó en su sitio web un modelo de carta y pasos a seguir por los interesados en consultar la documentación.
En el protocolo se establece que “el interesado deberá completar una solicitud” dirigida al secretario general de la CEA, monseñor Carlos Malfa, y que “los nombres de otras víctimas extrañas al interesado, serán oportunamente oscurecidos en respeto a la confidencialidad de los datos privados”.
El pasado 25 de octubre, a través de un comunicado conjunto de la CEA y la Santa Sede, se anunció que habían finalizado “los trabajos de catalogación y digitalización del material de archivo”, impulsados por el propio papa Francisco -exarzobispo de Buenos Aires-, relacionado con el periodo del régimen de facto y que sería puesto a disposición de los allegados directos de las víctimas.
Diferentes organizaciones como la Asociación argentina de Familiares de desaparecidos o las Madres de Plaza de Mayo -que cifran en 30.000 los desaparecidos durante el terrorismo de Estado- habían pedido al pontífice en distintas reuniones la apertura de los archivos vaticanos para poder consultar estos documentos.
Francisco siempre se mostró abierto a esta disponibilidad y por eso pidió poner orden en todos los documentos, que podrían contener información sobre el paradero de personas desaparecidas, ya que en los años de la dictadura numerosas víctimas recurrieron a las autoridades eclesiásticas.
No obstante, diversos organismos han acusado históricamente a la Iglesia católica de haber sido cómplice con el régimen.
“Es cierto que la Iglesia tal vez no hizo todo lo que podría haber hecho, eso es cierto y pedimos perdón, pero complicidad es una palabra que creo que de los documentos va a surgir otra palabra”, reconoció en octubre en una rueda de prensa el presidente de la CEA, José María Arancedo.
El protocolo anunciado este jueves se conoce días después de la asamblea plenaria del Episcopado, con la que inició un “tiempo de reflexión” sobre los hechos ocurridos durante la dictadura, para lo que escuchó testimonios de familiares y víctimas.
Esto despertó fuertes críticas de parte de los organismos de derechos humanos, que salieron a cuestionar la iniciativa de la Iglesia de impulsar una supuesta “reconciliación”.
