El gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, tiene un modo por demás extraño de administrar los fondos públicos. Sencillamente terceriza las obras y servicios a cargo de la institución hacia organizaciones no gubernamentales (ONG). Del presupuesto de 152.000 millones de guaraníes con el que contaba en el 2019, nada menos que 98.000 millones de guaraníes fueron a parar a las oenegés.
Dos de ellas son sus preferidas. La primera, Plantemos Conciencia, está presidida por un sicólogo llamado Esteban Álvarez y su sede no fue encontrada por periodistas que la buscaron. Fue beneficiada con desembolsos de más de 12.000 millones de guaraníes en menos de dos años. La segunda, Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), recibió más de 9.000 millones de guaraníes entre 2019 y 2020, y la representan un ex árbitro de fútbol, llamado Tadeo Álvarez, y su socio, Víctor Álvarez. Sí, ya sé que la profusión de Álvarez confunde, pero yo no tengo la culpa.
¿Qué servicios brindan estas oenegés tan poderosamente desconocidas? Pues, de todo, como un bazar. Desde una campaña titulada Hugo Javier en tu ciudad, hasta asistencia nutricional a población vulnerable, pasando por construcción de caminos y puentes, turismo, minga ambiental, ecoaventura, talleres navideños y el proyecto Boxeo a las Drogas.
La Gobernación deja en manos de esta gente la administración de los proyectos y la contratación de personal para su ejecución. Esto es, de por sí, irregular. El dinero público no debe ser entregado sin licitación a unas oenegés que no se rigen bajo los mecanismos de control de la Dirección de Contrataciones Públicas. En realidad, se trata de una vía típica para llevar las rendiciones a un terreno pantanoso y, así, evadir controles. Fíjese que al tiempo que uno de los tantos Álvarez de estas oenegés aseguraba que la Gobernación de Central es la que debe rendir cuentas sobre las transferencias realizadas, Hugo Javier se defendía diciendo: “Yo soy ordenador de gastos, no coleccionista de facturas”.
El tufo a corrupción es indisimulable. Deberíamos creer que una de las gobernaciones con mayor presupuesto del Paraguay, con toda su estructura y sus funcionarios, debe recurrir a unas oenegés pequeñísimas, desconocidas y dirigidas por muy pocas personas, para realizar obras y servicios.
Pero la historia tiene una segunda parte mucho más dolorosa. Al comenzar la pandemia, con base en una Ley de Emergencia, el Gobierno otorgó a la Gobernación de Central un millón de dólares para reactivar la economía. Hugo Javier transfirió 1.270 millones de guaraníes al Consejo Regional de Salud, presidido por él, y luego presentó facturas por compras de insumos anteriores a dicha transferencia. Además, alegó haber comprado mobiliarios hospitalarios de un taller de camiones.
Eso no sería tan grave, si no fuera que el resto de la plata fue a parar a la ya citada CIAP a la que le dio 5.105 millones de guaraníes. Si se toma la molestia de sumar estas dos últimas cifras, verificará que se acercan a los 950.000 dólares; es decir, casi todo el millón de dólares de la pandemia están allí.
Como era más que previsible, no tardaron en aparecer facturas provenientes de proveedores de ciudades ajenas al departamento o dedicados a rubros distintos a los de las compras y, lo que es peor, burdamente clonadas. Si se confirma la malversación del dinero destinado a asistir a las familias de la región más golpeada por el Covid sería algo miserable que debe ser aclarado.
Pero ¿por quién? La Junta Departamental es cómplice, gracias a una mayoría de colorados, liberales y un patriaqueridista. La Fiscalía General, tan rápida en el caso de la factura falsa de Efraín Alegre, sigue aplicando una justicia selectiva: ahora no se le mueve un pelo. Habrá que ver si el cartismo de Hugo Javier es suficiente escudo ante la pregunta ciudadana:
¿En qué se gastó el millón de dólares destinados a las víctimas de la pandemia?
