El esquema que habría logrado desviar G. 5.105.600.000 de la Gobernación de Central, se habría iniciado con funcionarios de la dicha entidad, según la acusación del Ministerio Público contra el ex gobernador Hugo Javier González y otras personas. Se concluyó que los funcionarios hicieron firmar a contratistas y al presidente de una de las fundaciones documentos con fechas antedatas, es decir, anteriores, lo cual significa falsedad.
Los desembolsos por parte de la entidad estatal se hicieron en diciembre del 2020. Sin embargo, 6 meses después “entre junio y julio del 2021, funcionarios de la Gobernación... con colaboración de los representantes de la Fundación CIAP y contratistas, crearon, cambiaron y adecuaron expedientes administrativos de 14 obras, para justificar los desembolsos”.
Dice, además, la acusación que Karina Mazacotte (funcionaria de la Dirección de Control y Evaluación de Central) y Adalberto Benítez (jefe del Departamento de Fiscalización de Obras), en junio de ese año, le solicitaron a Tadeo Álvarez –presidente de CIAP– y a contratistas que “firmen documentos con fecha antedatada, entre los que se encuentran contratos de obra, presupuestos, certificados de inicio, avance y entrega final de obras”.
Los empleados dependientes de la Gobernación también hicieron figurar supuestamente ofertas de precios de distintos proveedores a los que supuestamente se les invitó para realizar estas obras, pero, en realidad, estos documentos tampoco emitieron los proveedores.
REPONSABILIDADES. En otra ocasión, también hicieron figurar en más documentos fechas anteriores. Por ejemplo, “el15 de junio de 2021, Hugo Javier y Tadeo Álvarez firmaron un Convenio de Ejecución de Proyectos de Obras, al que le colocaron la fecha antedatada “09 de diciembre del 2020”, haciendo figurar las catorce obras que supuestamente iban a realizarse y ejecutarse en el Departamento Central”.
Este documento fue anexado a la segunda rendición de cuentas, como si fuera que ya existía desde antes, menciona la acusación.
Vale recordar que el dinero utilizado había sido destinado a la Gobernación para un fin específico, el cual la reactivación económica y ejecución de obras para generar de fuentes de trabajo, para afrontar las consecuencias económicas negativas, para disminuir el impacto de lo que generó la pandemia.
Se sospecha que González, al presentar la segunda rendición, fue tratando de “arreglar” la situación.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia acusaron y pidieron juicio para 8 personas el pasado martes, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa.