En este caso, el político está procesado por los presuntos delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por las supuestas obras fantasmas de la Gobernación de Central.
En la diligencia, el fiscal le dará la oportunidad de defenderse de los cargos que se le imputan, aunque el mismo puede declarar, o en su caso, abstenerse.
El fiscal deberá decirle cuáles son los hechos en su contra, los cargos por los que le imputaron y la evidencia que tienen para que el mismo pueda tener derecho a la defensa.
Con respecto a la causa, esta semana, el Tribunal de Apelación de Delitos Económicos, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Andrea Vera, ratificó a la jueza de Garantías, María Elena Cañete, tras rechazar la recusación de Hugo Javier González.
De esta manera, la jueza María Elena Cañete tiene la vía libre para estudiar los pedidos de nulidad de la imputación planteados por varias de las defensas.
Solo una vez que se resuelva la cuestión, se podrá citar a las partes para la imposición de medidas cautelares para los procesados.
IMPUTACIÓN. En el caso, la fiscalía imputó el 1 de noviembre del 2021 al gobernador de Central, Hugo Javier González, y a otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Además del gobernador, también fueron procesados Javier Rojas Giménez, director de Administración y Finanzas de la Gobernación; Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación CIAP; Paulino Palacios Recalde, tesorero de la citada organización, y Nicolás Emanuel Álvarez Doria, síndico de CIAP.
Asimismo, fueron imputados Lourdes Lezcano Decoud, secretaria general de la Gobernación; Armando Soler Espínola, secretario de Obras Públicas, y Luis Allende Araújo, ex jefe de Tesorería.
Otros encausados son Édgar Zaracho Quintana, asesor jurídico de la Gobernación; Guido Portillo Torres, jefe del Departamento de Presupuesto; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de Administración y Finanzas; y Adalberto Benítez Aguilera, ex jefe de Fiscalización de Obras.
Finalmente, están imputados los contratistas José Grau Fernández, Óscar Morel Oses y Óscar Gaete Gómez.
El caso fue presentado ante el juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás, pero el mismo se inhibió debido a que ingresó el abogado Andrés Casati.
Luego, tras varias inhibiciones, el caso llegó al Tribunal de Apelación, que dispuso la causa pasara a Central, donde la magistrada María Elena Cañete tomó la causa. Ahí, fue recusada por la defensa del gobernador Hugo Javier, lo que ahora fue rechazada.
