Esto, según señala el abogado Óscar Tuma, defensor de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eululio Lalo Gomes, imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.
“Existen indicios suficientes para cuestionar su imparcialidad y objetividad en la presente causa, debido a su estrecha relación con la Embajada de los Estados Unidos y la DEA” (sic), apunta en su recusación.
Añade que “esta vinculación genera razonables dudas sobre su actuación imparcial, dado que estas instituciones tuvieron un rol relevante en el operativo que es objeto de este proceso”.
Ahora, el juez Legal deberá elevar un informe al Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado que estudiará el pedido de la defensa de apartarlo.
ARGUMENTOS. Según dice Tuma en su escrito de recusación al juez, el proceso tiene su origen en el operativo realizado en la residencia del legislador donde este falleció.
Alega que el procedimiento, denominado Operativo Pavo Real II, fue ejecutado por agentes del Servicio de Inteligencia Unificada (SIU), de la Policía Nacional, con el apoyo de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), bajo supervisión fiscal.
Remarca que el caso no solo marcó un hito, sino que también se vio envuelto en controversias debido a su ejecución y las circunstancias en la que murió el congresista.
“La participación de la DEA en la planificación y coordinación del procedimiento ha generado debates sobre la autonomía de las instituciones nacionales y su relación con las agencias extranjeras”, afirma Tuma.
“La DEA, como institución extranjera con intereses estratégicos en la región, podría estar interesada en que las actuaciones del operativo sean validadas judicialmente para respaldar su intervención en casos de crimen organizado en Paraguay”, sostiene.
“La conexión del juez con la DEA plantea un riesgo de que sus decisiones puedan estar influenciadas, directa o indirectamente, por estos intereses, afectando su independencia en la valoración de las pruebas y en la resolución del caso”, argumenta.
Señala que es de público conocimiento que el juez Osmar Legal mantuvo “reuniones frecuentes y comunicaciones” con representantes de la embajada de EEUU y la DEA, los que se divulgaron por los medios de prensa.
“Estas instituciones, además, tienen una relación estrecha con el SIU en Paraguay, colaborando en área técnica, operativas y estratégicas”, apunta Tuma.
Es más, señala que la colaboración se da en intercambio de datos, capacitación y provisión de equipos y monitoreo de casos, con lo que la conexión del juez “afecta la apariencia de independencia requerida para garantizar un juicio justo”, afirma.
Con ello, pide la separación del juez. Como pruebas, presenta fotografías de Osmar Legal con los miembros de la citada representación diplomática. Cita luego las leyes, la influencia de la DEA y la embajada en el operativo, y la conexión del juez, por lo que solicita su apartamiento.
Requiere que se libren oficios a la embajada, a la fiscalía General, al SIU y a la DEA, sobre sus dichos, con lo que pide admitir su solicitud.
