Este orden de popularidad no es un accidente ni una peculiaridad paraguaya, sino la consecuencia lógica de un marcado rasgo de los sapiens. Ocurre que, si bien la evolución del derecho es un notable triunfo de la razón y de esa nueva religión que llamamos humanismo, su vigencia no significa que hombres y mujeres hayamos renunciado íntimamente al deseo de seguir aplicando la vieja ley del talión.
Si de sentimientos se trata, nunca bastará con que el asesino sea procesado; siempre querremos además que corra la misma suerte de sus víctimas.
De igual manera, la caída de quien detentó el poder y abusó de él medrando a costa de los demás, vanagloriándose incluso de los réditos de su latrocinio, jamás será suficiente para calmar la bronca ciudadana. La mayoría anhelará verlo pagar con la humillación y el escarnio, despojado de sus bienes y padeciendo las calamidades del reo común.
No es políticamente correcto decirlo, pero la verdad es que íntimamente pocos lamentarán el estupro del violador, la ejecución del homicida o el atropello de los derechos del abusador. No se trata de que seamos buenos o malos, es que somos humanos e imperfectos.
Estos sentimientos se potencian cuando la experiencia colectiva con respecto a la punición de los culpables es absolutamente frustrante, cuando todo el modelo de persecución penal ha sido bastardeado permitiendo la impunidad de los poderosos y cuando las reglas de juego solo se aplican para los peones. En resumen, cuando se ha perdido toda esperanza en la institución.
Es el Paraguay que padecemos hoy. Por eso enardecen los cintarazos de Payo Cubas, los escraches a la abogada de González Daher o la ejecución de un delincuente. Son excesos que no deberían tolerarse en un Estado de derecho, pero como ese Estado de derecho no funciona para la mayoría, los exabruptos saben a revancha, a retaliación, a una justificada venganza.
Por supuesto que ninguno de esos hechos está bien. Si pretendemos convivir civilizadamente, necesitamos obrar con la razón, no con los sentimientos, no con la ira. Nuestro objetivo debe ser siempre hacer justicia, no ejecutar una venganza.
Pero para pasar de la bronca colectiva y la celebración de esos actos de punición de facto al ejercicio racional y humanitario del derecho, primero tenemos que recomponer la credibilidad de las instituciones, tanto de las que formulan las leyes como de las encargadas de hacerlas cumplir. Y es obvio que estamos lejos de ello.
Hasta que eso ocurra, seguiremos condenando públicamente –y celebrando en la intimidad– las locuras del vengador criollo y su cinto justiciero. Mal que le pese a muchos, hay Payo para rato.
