Susana Oviedo
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“En el país, la Justicia Penal Especializada ha sido determinante para que el Paraguay no entre en la lista gris” , dice la doctora María Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia, responsable de la Oficina Técnica Penal. Cuenta de qué manera se ha configurado a lo largo de los últimos 5 años el fuero especializado contra el crimen organizado, hechos de corrupción y delincuencia económica que ya ha arrojado como resultado la incautación de alrededor de 600 millones de dólares en todo tipo de bienes. “El enemigo es muy grande, es enorme y frente a ellos somos como David ante Goliat”, expresa.
–¿Cuáles son los principales desafíos que plantean el narcotráfico y el crimen organizado transnacional al Poder Judicial?
–Dada la complejidad de este tipo de criminalidad, los operadores del sistema de justicia se tienen que preparar con fuerzas proporcionales a la que se va a enfrentar. A nivel general, este es el desafío más grande porque estamos hablando de procesos complejos.
Los hechos punibles son diversos y están configurados de manera participativa por diversos sujetos, tramos, lugares, momentos y países por donde se desarrolla la actividad criminal y va produciendo sus efectos. Y dentro de lo que es un proceso penal, nosotros tenemos que llegar a determinados estándares de verdad en cuanto a la información reunida para poder juzgar y dictar sentencias de condena, por ejemplo.
Nuestro sistema procesal es bastante ambicioso en cuanto a los estándares de verdad, incluso respecto a las garantías. Nosotros estamos obligados a ser eficientes en las respuestas a la criminalidad, pero no podemos hacerlo pisoteando garantías porque de lo contrario estaríamos deslegitimando nuestras funciones de justicia.
Es muy grande el desafío que tenemos para dar respuestas efectivas, oportunas y justas a la criminalidad compleja. Implica hacer un abordaje integral porque no se trata de delitos ordinarios.
–Existe la percepción de que hay un desfasaje ahí; que el crimen organizado va mucho más adelante de las respuestas que se puedan dar, por ejemplo, desde el Poder Judicial…
–Ese es el análisis que se hace a nivel internacional en cuanto a los avances de la criminalidad compleja y las respuestas que dan los Estados con relación a su contención y combate. Hay que tener en cuenta lo siguiente: Los Estados no solamente administran hechos punibles o delitos, sino todo un sistema de servicios a la comunidad. Entonces, tiene que existir una organización coordinada. Cuando se trata de procesos penales y de criminalidad compleja, con mayor razón aún tiene que haber una política criminal que tiene que estar definida con anterioridad a la tarea que se va a desempeñar.
Se tienen que establecer el contexto, cuál es la situación real que estamos atravesando, un diagnóstico que lo tenemos desde hace años y vamos actualizando. Además de objetivos concretos para jugarlos con relación a ese abordaje, y trazar las estrategias y los responsables. Cada una de las instituciones que van a actuar de manera coordinada en ese abordaje. Eso se requiere, eso lo estamos trabajando ya hoy el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Tenemos mucha información y con esa información estamos trazando una hoja de ruta.
–¿Cuáles son algunas estrategias o políticas de intervención que ya están en marcha que ya están aplicando?
-Bueno, desde el 2019, coincidentemente con el examen del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) al país, empezó un sistema de implementación de la Justicia Penal Especializada, que hoy es la jurisdicción específica que se encarga de la materia criminalidad compleja, donde se encuentra el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción pública, el crimen organizado en general, trata de personas, financiamiento del terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva… En ese contexto del examen del Gafilat tuvimos que cumplir con todas las recomendaciones, entre ellas, primeramente, estandarizar el Sistema Legal. Se sancionaron un paquete de 10 leyes. Más de la mitad corresponden al Sistema Penal, y lo que hicieron es ajustar, por ejemplo, los tipos penales a los efectos que podamos tener tipificadas las conductas a fin de poder abordarlas, perseguirlas, juzgarlas porque si no está tipificada, obviamente no podemos hacerlo. Y por otro lado, también se ajustaron los mecanismos de prevención a nivel banco, a nivel auxiliar del sistema, abogados, escribanos, etc., a la hora de poner sobre la mesa toda la información sobre el origen de los bienes que están siendo administrados, transferidos, etc.
–¿Esto último por qué?
–Porque resulta que el combate a la criminalidad compleja tiene un componente muy importante que es el de la interceptación de los bienes para la incautación y el comiso porque uno de los objetivos principales, más allá de llegar a los responsables y juzgar a los verdaderos culpables condenándolos es sacar de circulación el negocio criminal. Entonces, interferir sobre los bienes que están siendo administrados dentro del negocio criminal.
Por eso es que dentro de ese abordaje de política criminal internacional dentro del cual se comprometió el Paraguay, ya estaba creada la Senabico (Secretaria Nacional de Administración Bienes Incautados y Comisados) en 2018. El objetivo es no solamente la condena, sino que también el comiso porque se puede interceptar a los cabecillas, juzgarlos, condenarlos e inmediatamente aparece otro, y el negocio continúa. Y acá el objetivo es cortar el negocio criminal de manera que va a preservar la integridad de la seguridad financiera jurídica del Estado. También se ajustaron sus mecanismos, se otorgaron los recursos, las herramientas como para que esa actividad previa pueda ser efectiva. En el 2020, la Corte Suprema de Justicia reactiva la Oficina Técnica de Apoyo al Sistema Penal, la cual estoy coordinando y empieza la implementación de la jurisdicción penal especializada.
–¿Formaron a los jueces para esta área de competencia?
–Hicimos un listado de magistrados del Sistema Penal de Capital, Central y algunas otras circunscripciones. Prácticamente como una lista de élite, a los cuales le dimos la competencia en materia especializada, aparte de sus funciones ordinarias porque en ese momento no teníamos nuevos magistrados y empezaron a caer las primeras grandes causas, investigaciones que el Ministerio Público ya estaba realizando. Eran los más experimentados porque venían de la Fiscalía y, a su vez, ya tenían años en garantía o en sentencia trabajando a su vez en profesores, doctores, en fin, en un bagaje importante de preparación.
En 2023 se incorporaron nuevos jueces a la Justicia Penal Especializada que ya pasaron por el proceso de concurso ante el Consejo de la Magistratura, en el que a su vez fueron sometidos a unos talleres y diplomados intensos de inducción y capacitación en materia de criminalidad compleja. Y de esas ternas fueron elegidos los jueces por la Corte. Entonces, hoy estamos como un poco más holgados en recursos humanos, pero eso no significa que ellos no se sigan capacitando. Recientemente tuvimos unos talleres de aplicación de criterios de interpretación legal que le den mayor dinamismo y agilidad, por ejemplo, al engorroso trámite que ellos tienen que realizar, para que no caigan enredados en las chicanas y estrategias que muchas veces plantean los abogados con la intención de paralizar los procesos. También se formaron en herramientas para seguir la ruta del dinero.
–¿Qué balance arroja, en cuanto a casos y resultados, la labor de esta jurisdicción especializada que empezó a funcionar hace 4 años?
–En cuanto a crimen organizado, hay 458 causas ingresadas y vinculadas a delitos económicos, 1.400 causas, desde la implementación del 2020 a la fecha. Con relación a los bienes incautados en procedimientos, alrededor de 600 millones de dólares (inmuebles, dinero activo, todo tipo de bienes), de los cuales alrededor de 10 millones de dólares ya fueron comisados y transferidos al Estado paraguayo. Este es un logro. Comparado con el sistema ordinario, los casos no son muchos, pero sí son importantes en complejidad.
–¿Está satisfecha con estos resultados que han obtenido hasta ahora?
–Si voy a hacer un balance de lo que era y de lo que es hoy, hemos avanzado muchísimo a pesar de las limitaciones que tenemos. Nosotros somos conscientes de que deberíamos contar con mayores recursos en todos los sentidos, pero estoy bastante satisfecha porque, sin ánimo de vanaglorariarnos, pero la tarea de la Justicia Penal Especializada en el país ha sido determinante para que el Paraguay no entre en la lista gris.
–Si en Paraguay ya existe la narcopolítica, no sonaría descabellado pensar que también puede haber narcojueces? ¿Los hay?
–A mí no me consta alguno en particular, descubierto con las manos en la masa, pero de que hay rumores o situaciones bastante llamativas, los hay. Pero también hay mecanismos de control. Hay maneras de por lo menos rodear al juez de controles cruzados de todo tipo, y de transparencia para disuadirle de esa posibilidad.
Hoy en día, el expediente electrónico, en gran parte, evita esa situación. El abogado tiene en su teléfono, en línea, el paso a paso del expediente electrónico. Eso nosotros tenemos hace tres años acá, en la Sala Penal. Y en todo el país hay un plan maestro de expansión del expediente electrónico.
Entonces, esa es una ventaja muy grande para combatir la posibilidad de caer en la tentación de querer concertar con los criminales. Por otro lado, está la herramienta de las declaraciones juradas, que también sabemos que son públicas, y que es otro modo de controlar también el estado patrimonial de los magistrados que están en esas áreas. Además, tenemos una auditoría jurisdiccional que se activa ante cualquier situación que amerite hacer esta primera reacción inmediata e ir sobre un expediente. Supongamos una denuncia o sospecha de que pudo haberse dado alguna irregularidad o que se le liberó muy rápidamente a alguien. Están los sumarios administrativos y también la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Han habido jueces que fueron destituidos y otros que fueron procesados.
–¿Por qué para litigar en el fuero especializado todo se centraliza en Asunción?
–Porque estamos en la fase de implementación. Tenemos que fortalecer la Justicia Penal Especializada. Los jueces, estando cerca de nosotros, con la posibilidad de ser respaldados, de ser dotados de los mecanismos, los recursos materiales para recibir las evidencias, los procesados o la cantidad de planteamientos y las presiones que hay, tienen mayor seguridad. Cuando pase el tiempo y estemos mejor dotados de mecanismos de seguridad, se consolide el sistema especializado, entonces sí podrán ocupar sedes fronterizas, pero en este momento no existe ni una posibilidad de que arriesguemos a los magistrados de justicia especializada, por ejemplo, en la frontera. Es una cuestión estratégica, de seguridad, ellos tienen competencia en todo el territorio de la República, pero estos jueces trabajan acá, bajo nuestro control y resguardo.
En este momento no existe ni una posibilidad de que arriesguemos a los magistrados de justicia especializada, en la frontera.
No me consta juez en particular, descubierto con las manos en la masa, pero hay rumores o situaciones llamativas.
Protocolo de seguridad y otros
La Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia trabaja en un protocolo se seguridad para los jueces. La doctora Carolina Llanes valora, además, las ventajas del expediente electrónico que les permite un control aleatorio de los expedientes. Actualmente, están trabajando en un diseño de agenda electrónica para los magistrados y recientemente terminaron de construir unas líneas o criterios técnicos de aplicación del proceso.
