Los precios que pagaron las gobernaciones de Misiones y Paraguarí, departamentos donde el Gobierno puso en marcha el plan piloto de compras públicas simplificadas para el almuerzo escolar en las escuelas, se duplicaron en algunos casos, según un comparativo con los precios puestos al consumidor final en el Mercado de Abasto de Asunción (Ver info).
Para la compra de carne vacuna, además de sobreprecios, se burló el tipo de corte comprometido en el contrato. Según documentaciones que figuran en Contrataciones Públicas, la Gobernación de Misiones solo compró carnaza de primera para el almuerzo escolar. Sin embargo, la provisión incluye puchero y hábilmente en las actas de recepción de los productos en las escuelas solo se registra “carne”, sin especificarse qué variedad, según se pudo constatar.
Descontento. La directora de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús de San Ignacio, Susana Martínez Veloso, así como su colega Librada Busto de Prieto, de San Juan Bautista, ambas de Misiones, dijeron que hay semanas en que la carne llega en muy mal estado. “El puchero viene puro hueso”, subrayó Veloso.
La misma situación se registra en el Departamento de Paraguarí, donde la Gobernación también pagó con sobreprecios. La directora de la escuela Dionisio Cabello, Antonia Coronel, mencionó que el puchero es de muy mala calidad. “Ahora están mejorando un poco”, agregó.
El gobernador de Paraguarí, Miguel Cuevas, al principio había referido sobre los precios altos y dijo: “A mí también me sorprendió, creo que el año que viene van a ser más baratos”.
Ahora, el gobernador señala que pese a los altos precios que pagan “el producto final (el almuerzo escolar) es más bajo que el promedio que se paga en otras gobernaciones y municipios de este departamento”.
La nueva modalidad de compra simplificada, que tiene como principal responsable al ministro de la Pobreza, Juan Carlos Baruja, fue implementada como política del Gobierno para convertir a los pequeños productores agrícolas en proveedores del Estado.
Con fondos del Tesoro y del Fonacide se dispuso este año de un presupuesto de USD 4 millones para el plan que, según Baruja, “es un proyecto piloto exitoso”.
Para la ejecución de la modalidad, ambas gobernaciones establecieron tres sistemas de contratación. Dos por las vías ordinarias (compra de productos industrializados y contrato de cocineras), y el tercero, por régimen simplificado del Decreto 1056/13.
Decreto. Por la vía del citado decreto se establecen una serie de requisitos que fueron ignorados por ambas gobernaciones. Los beneficiados tenían que ser exclusivamente los que se dedican a la agricultura familiar, estaba prohibida la intermediación. Sin embargo, la mayoría de los adjudicados fueron beneficiados en condición de intermediarios, entre los que también figuran operadores políticos, según reveló la investigación de ÚH.
Así también se ignoró la compra a precios referenciales del MAG, que, según el decreto, son los valores por los que tenían que regirse la compra de las entidades convocantes. Baruja dijo al respecto que hubo una confusión porque se mezclaron los precios de los productos con los costos de transporte y que además los precios del MAG están desfazados. Pero las cotizaciones del MAG son similares a las del Abasto, que son los precios que se ofertan al consumidor en el mercado.
