Hambre cero: Preocupa a ciudadanía falta de garantías

Legisladores opositores organizaron una audiencia pública para debatir sobre el proyecto Hambre cero que presentó el Poder Ejecutivo. La iniciativa no solo tuvo la oposición de los intendentes, sino que presupuesta recursos que no se tienen.

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Ciudadanos expresaron preocupación con respecto al proyecto de ley Hambre cero, el cual pretende alcanzar la universalidad del almuerzo escolar, pero desfinanciando áreas sensibles como primera infancia, salud mental, desarrollo tecnológico e investigación y el arancel cero en las universidades.

La senadora Esperanza Martínez manifestó que la audiencia pública se realizó con el objetivo de analizar situaciones que necesitan explicaciones y garantías sobre el impacto de la implementación del proyecto de ley “Hambre cero” en las escuelas y las dudas que genera.

A su vez, el senador Líder Amarilla expresó que la intención de proveer alimentos a los niños en edad escolar es loable, sin embargo, los recursos económicos deben ser administrados por las instituciones contempladas en la Constitución Nacional (municipalidades). En la misma línea, manifestó su desacuerdo con la centralización total.

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A su turno, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, destacó la apertura de un espacio de debate y diálogo en el que se tratan sugerencias para mejorar el proyecto y reconoció la necesidad de trabajar en un rediseño del sistema de rectoría de la educación nacional, replicando modelos de gestión educativa exitosos.

“Hagamos un ministerio ágil y que pueda responder en los próximos 10 años los modelos pedagógicos. Tenemos que dar más recursos propios a educación para que no dependa de fondos. Debemos ser contralores y buscar que se apliquen las sanciones correspondientes”, remarcó el titular del MEC.

En representación del Ministerio de Economía y Finanzas, el Lic. Juan José Galeano, explicó que solo el 17% del estudiantado recibe, al menos, un día de almuerzo escolar durante el año y que se observa que, del total de 180 días del año lectivo, ese porcentaje se reduce al 5%. Es decir, solo 56.000 estudiantes reciben el almuerzo escolar durante todo el año.

“Esos datos son una preocupación para el desarrollo de nuestro país, el capital humano y las futuras generaciones”, sostuvo.

Apoyo y cuestionamientos

El ingeniero, doctor, investigador y miembro del Consejo del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI), Christian Schaerer, cree que el proyecto de ley es una equivocación muy grande, bajo la lógica de que los fondos van a ir decayendo y luego no va a haber más dinero, ya que depende de las negociaciones y las tarifas de Itaipú.

“Estamos destruyendo programas emblemáticos, la alimentación debe estar garantizada, pero también la formación. La mayoría de los países invierten del lucro de sus industrias para educación, porque los procesos son más largos, pero no invierten para alimentación, porque el niño necesita comer hoy, vos no le podes decir al niño el río está bajo y la tarifa no fue conveniente y hoy no vas a comer”, cuestionó.

En representación del Colectivo de Estudiantes por el Boleto Universitario, Natalia López, manifestó la preocupación que tienen por la baja inversión en educación pública. “Los estudiantes universitarios no estamos en contra de garantizar el acceso a la alimentación escolar, pero un proyecto de esta envergadura debe construirse con todas las partes involucradas”, manifestó.

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En la misma línea, varios estudiantes universitarios expresaron su inquietud ante la posible desfinanciación de la Ley de Arancel cero para otorgar recursos a este nuevo programa planteada por el Ejecutivo.

Por su parte, Marta Escurra, en representación de la Asociación de Investigadores del Paraguay, abogó por la continuidad de los programas de investigación financiados por el Fonacide.

“El proyecto Hambre cero es importante, pero es una ley asistencialista, no es preventiva. Tenemos que conocer los factores por los cuales nuestros niños pasan hambre, tenemos que poder incidir sobre ellos y salvar a esas familias”, acotó.

En tanto que el estudiante Bruno Ramírez, presidente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), remarcó que no están en contra del proyecto de Ley, sin embargo, indicó la preocupación de los estudiantes universitarios ante las dudas y la falta de claridad sobre el impacto de la iniciativa.

Por otro lado, Irene Hermosilla, representante de la organización ReAcción Paraguay, manifestó que existen también otras necesidades que deben ser atendidas, como la falta de inversión en infraestructura, rubros docentes, psicopedagogos y otras necesidades en las escuelas.

“Hay que garantizar la alimentación escolar, pero también hay que garantizar que otras áreas no queden desprotegidas”, resaltó.

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En otro momento, María Gloria Martínez, en representación de universidades públicas del Paraguay, acompañó las intenciones del Gobierno Nacional en relación a la implementación del proyecto instando en la búsqueda de estrategias participativas y comprometidas con las instituciones afectadas y la comunidad en general.

La coordinadora ejecutiva de la Federación de Estudiantes Secundarios, Aylen Barreto, mencionó que como gremio estudiantil apoyan la iniciativa, pero abogó por sostener la financiación de los otros programas dependientes del Fonacide.

“La alimentación escolar es importante, pero si no se garantiza que llegue para todos, la calidad, que no haya corrupción, no se va lograr absolutamente nada”, afirmó.

Inicialmente el proyecto centralizaba todos los recursos al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y gobernaciones, pero luego del rechazo por parte de intendentes, el Poder Ejecutivo terminó reculando de la intención y no tocando los fondos de los municipios que ahora serán destinados solo para obras y ya no para almuerzo escolar.

Sin embargo, la provisión del almuerzo escolar estará a cargo del Poder Ejecutivo y gobernadores de casi todo el país, con la exclusión de los gobernadores de Central y Presidente Hayes, hecho que se entiende como un revanchismo político.

Para el efecto, el gobierno tendrá que redireccionar fondos del Presupuesto General de la República, con los cuales no se cuenta, ya que apuntan a una mayor recaudación tributaria para el efecto.