Óscar Llamosas, viceministro de Administración Financiera de Hacienda, confirmó que las transferencias se han concretado a fines de abril. Semanas atrás, desde el Tesoro había instado al ente regulador a hacer la operación.
El funcionario añadió que, conforme a lo que establece la ley, los recursos generados por la Conatel son de libre disponibilidad de la Tesorería. Es decir, no tienen una asignación o fin específico.
La cartera fiscal busca utilizar un porcentaje de esos ingresos para cancelar parte del adelanto de G. 500.000 millones solicitados al Banco Central del Paraguay (BCP) para cubrir la deuda flotante del 2017.
En un principio, la entidad pretendía utilizar esos fondos para la cancelación de la deuda flotante y calzar el déficit presupuestario tras los reajustes salariales a docentes y médicos, entre otros. Sin embargo, como esos recursos no estaban ingresando a la Tesorería en el momento requerido, los mismos serán reasignados a las necesidades prioritarias en la actualidad, había comentado LLamosas.
Vale recordar que el plan de gastos que rige las finanzas del Estado durante este año había comenzado con un desfinanciamiento de USD 40 millones, luego de que el Congreso decidiera rechazar el veto presidencial y confirmar los aumentos salariales para docentes (16%), médicos (8%), y funcionarios de la ANDE (G. 600.000) e INC (12%).
SEGUNDA TRANSFERENCIA. En el 2015 la Conatel había realizado la primera subasta de licencias para 4G y correspondieron a las frecuencias de 1.700-2.100 MHz. En aquella oportunidad recaudó USD 90 millones, puesto que las operadoras Tigo y Claro compraron los permisos por USD 45 millones cada una.
El Gobierno dispuso que esos recursos fueran transferidos a Hacienda, cuyo ministro era Santiago Peña, para afrontar los programas sociales, como Tekoporã (Secretaría de Acción Social), viviendas (Senavitat) y adultos mayores. Anteriormente, todo lo que recaudaba Conatel era destinado al fondo de servicios universales para desarrollar las telecomunicaciones en el país.
