A través de la resolución 130, el titular de Hacienda decidió suspender la liquidación de los salarios a funcionarios de los organismos y entidades del Estado que hayan sido beneficiados con un aumento salarial sin el respaldo de concurso.
Durante el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2019, el Congreso Nacional había otorgado la suba de salarios a más de 2.000 funcionarios. Según el Fisco, esta ampliación alcanzaría los USD 4 millones.
La indicación es que se cancelen los aumentos de todos aquellos que no se encuentran amparados en los cumplimientos de proceso de concurso y procedimientos establecidos en la normativa vigente, hasta tanto se realicen los ajustes que corresponden.
Así también, el ministro Benigno López dispuso que las instituciones del Estado remitan a Hacienda, en un plazo no mayor a dos días, la información detallada de los casos y los documentos de modificación presupuestaria.
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Según Hacienda, la medida se da en pos de asegurar la correcta y más eficiente gestión de los recursos públicos, respetando las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la administración financiera.
Desde la cartera estatal indicaron que se verificará la dimensión e impacto de las asignaciones salariales incrementadas, con el propósito de encontrar soluciones que se ajusten al marco constitucional y legal establecido, respetando el sistema de concursos públicos.
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Para el Fisco, los incrementos salariales no estaban previstos en el PGN, para ello se modificó el anexo de personal y en muchos casos se duplicaron los salarios.
No obstante, tras una reunión con miembros de la Comisión Bicameral, el ministro reculó y terminó aceptando que las subas no fueron ilegales.
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Por su parte, desde la Comisión Bicameral de Presupuesto argumentaron que el aumento fue solicitado por los propios ministros. En ese sentido, el diputado Arnaldo Samaniego, quien presidió la Comisión Bicameral de Presupuesto, aseguró que el proceso se hizo acorde a la ley.
Entretanto, diputados opositores presentaron un proyecto de resolución, por medio del cual se solicita informes a la Subsecretaría de Economía, a la Dirección de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda y a la Cámara de Diputados.
