La Abogacía del Tesoro tiene actualmente 12.468 certificados de deuda tributaria pendientes de cobro, por un monto aproximado de G. 1,310 billones (USD 271,3 millones). De este total, 2.556 certificados, por un valor de G. 5.118 millones, se hallan en etapa de cobro administrativo (por ser deudas de menor cuantía); y otros 9.912 certificados, por un valor de G. 1,305 billones, se hallan en etapa de cobro judicial.
Durante los últimos diez años (desde 2004 a marzo de este año), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) remitió a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda un total de 31.796 certificados de deuda tributaria, por un monto G. 3,018 billones (USD 624,9 millones), para su reclamo por vía judicial y/o administrativa.
El total de las deudas mencionadas contempla las determinadas por morosidad (deuda real), como así también liquidaciones realizadas sobre base presunta, como efecto de la omisión en la presentación de las declaraciones juradas (deuda presunta). Esta última queda regularizada con la presentación efectiva del contribuyente de su declaración jurada sobre su movimiento real.
Del total de 31.796 certificados de deuda, se logró el cobro efectivo y/o regularización de 17.745 certificados, por valor de G. 1,225 billones (USD 253,7 millones).
INCOBRABLES. Entretanto, se declararon como incobrables un total de 1.583 certificados, que instrumentan deudas por un monto de G. 482.114 millones (USD 99,8 millones), cuyos procesos judiciales concluyeron con la inscripción de la inhibición general de vender y gravar bienes.
Los datos refieren también que del total de certificados pendientes de cancelación, se encuentran un total aproximado de 400 certificados, cuyas deudas fueron fraccionadas por aproximadamente G. 60.074 millones (USD 12,4 millones), cuyo monto es amortizado de manera mensual.
La Abogacía del Tesoro impulsa actualmente 4.200 juicios ejecutivos, en los cuales los contribuyentes demandados pertenecen tanto a la categoría de personas físicas como personas jurídicas.
Entre los principales inconvenientes que dificultan la regularización de las obligaciones fiscales se encuentran los domicilios deficientes o inexistentes, denunciados por los propios contribuyentes, la insolvencia declarada por muchos de ellos y el abandono de sociedades que acumularon deudas importantes con la Administración Tributaria.
En cuanto al origen de las deudas reclamadas judicialmente, la Abogacía reveló que 9.723 certificados, por G. 1,148 billones, pertenecen a la Dirección General de Recaudación (pequeños o medianos contribuyentes); mientras que 189 certificados (por G. 157.528 millones) fueron emitidas por la Dirección General de Grandes Contribuyentes (que aglutina a los mayores contribuyentes).