Asimismo, Mendoza afirmó que de convocarse a elecciones, antes de ser llamado por la Cámara Baja a una audiencia, Vera presentará un amparo contra el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a fin de pedir la suspensión el llamado.
De esta forma, Vera, remitió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, donde solicita la reconsideración de su destitución resuelta en la última sesión. En la misiva, afirma también que no ha sido notificado oficialmente de su destitución.
El ex gobernador pide que se convoque de vuelta a una sesión para analizar los elementos probatorios que conforman los antecedentes de la intervención de la gobernación de Guairá. Vera dice que quiere defenderse ante los diputados señalando que es una garantía que no puede ser cercenada en un estado de derecho.
“Es de público conocimiento lo resuelto en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que decidió destituirme sin habérseme permitido el derecho a la defensa sobre los hechos nuevos aportados por el interventor”, dijo el ex gobernador.
Citó como antecedente la denuncia que fue presentada por el viceministro de Tributación, Óscar Orué, ante la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en el uso de los fondos Covid, tras lo cual, Vera contó que se defendió ante la Comisión Especial.
“Sin embargo, en cuanto al informe de la auditoría presentada por el interventor, constituyen hechos nuevos a los cuales no he accedido al control y conocimiento de las pruebas”, mencionó.
Dijo que fue juzgado sin haber sido escuchado y ejercido su defensa sobre los supuestos hechos de corrupción, dando como resultado una sanción de destitución, “siendo tratado como culpable por hechos no probados como lo exige el artículo 9 de la ley 317/94”.
En su nota a los diputados, Vera menciona que ya denunció anteriormente expresas violaciones de la ley 317/94, de la reglamentación de las intervenciones, por parte del interventor Vera Insaurralde.
Destituido. Vera terminó siendo destituido de su cargo como gobernador de Guairá tras perder el respaldo de Honor Colorado. La votación por su destitución contó con 63 votos a favor de la destitución, 12 de ellos cartistas.
El informe final del interventor consta de más de 900 páginas, llena de irregularidades como el pabellón respiratorio y la planta de oxígeno, construidas con una inversión de G. 1.500 millones, obras fantasma, entre otros.