05 oct 2026

Grupo de oenegés dice que proyecto de ley busca paralizarlas

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Congreso. Senadores y diputados tienen en sus manos polémico proyecto de ley antioenegés.

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Un Grupo Impulsor de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Defensa de la Democracia, integrado por una red de oenegés, sostiene que el proyecto de ley, que obra actualmente en Diputados, y que pretende “fiscalizar” a las organizaciones está diseñado para restringir la capacidad de las organizaciones de llevar adelante su misión, especialmente en áreas críticas como la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas. Tampoco es para promover la transparencia.

Además, al centralizar el control de los fondos en manos del Congreso, incluso los internacionales, tal como plantea la iniciativa parlamentaria, “corremos el riesgo de que estos recursos sean retenidos o condicionados por intereses políticos, lo que podría paralizar proyectos cruciales para el desarrollo y la justicia social en Paraguay”, advierten.

Desde el título que dice: proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, la propuesta que surgió en el Senado y busca desinformar y estigmatizar el trabajo de las OSC, “presentándolas como entidades oscuras que requieren una vigilancia extraordinaria”, cuestionan. Sin embargo, las OSC ya cumplen con estrictas normativas que garantizan la transparencia en su gestión.

Llevan registros contables adecuados y presentan estados financieros anuales. Aquellas que reciben fondos de entidades como Itaipú están obligadas a rendir cuentas detalladas según lo establecido en la Ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

En cuanto a transparencia, las OSC publican en sus páginas web información institucional y financiera clara y accesible, incluyendo su estructura organizativa, contratos, convenios, subvenciones y cuentas anuales.

Además, están sujetas a las normativas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), “lo que asegura que sus operaciones financieras no sean utilizadas para fines ilícitos”, aclara.

Estas regulaciones, resalta ya garantizan que las OSC operen con transparencia, protegiendo tanto los fondos públicos como la confianza del público en sus actividades. Sin embargo, el proyecto de ley “va más allá de lo necesario”, buscando controlar y limitar la capacidad de las organizaciones para operar libremente, especialmente en proyectos vinculados a la lucha contra la corrupción, denuncia.

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