El proyecto, adoptado el jueves por el Inatsisartut (Parlamento groenlandés), supone una inversión de 3.600 millones de coronas danesas (unos 480 millones de euros) para el próximo lustro.
El Gobierno danés aporta 700 millones (94 millones de euros) y da facilidades crediticias para otros 900 millones (121 millones de euros) en un plan que convertirá en aeropuertos internacionales los aeródromos de Nuuk (capital) e Ilulissat, ambas en la costa oeste, y construirá uno nuevo en Qaqortoq (sur).
Copenhague recibe un tercio de las acciones de la empresa pública Kalaallit Airports y se asegura derecho a veto en la toma de decisiones, según el acuerdo firmado a principios de septiembre por el presidente autonómico, el socialdemócrata Kim Kielsen, y el primer ministro danés, el liberal Lars Løkke Rasmussen.
El plan aeroportuario, presentado en 2017, pasó al centro de la actualidad en primavera, cuando afloraron tensiones entre Copenhague y Nuuk al conocerse que la contratista pública china CCC era una de las compañías precalificadas en el proceso previo de licitación.
“Inversiones en proyectos de aeropuertos de ese tamaño generan cuestiones, e independientemente de la financiación y elección de socios externos, pueden tener perspectivas de política exterior que el Gobierno quiere tratar con Nuuk”, dijo entonces Rasmussen, receloso de una posible reacción estadounidense.
El Estatuto de autonomía aprobado en 2009, tras el apoyo del 75% en un referendo consultivo, da amplias competencias a Groenlandia y el derecho de autodeterminación, pero mantiene la influencia de Dinamarca, entre otros, en la política exterior de una isla que tiene en su territorio una base estadounidense desde hace décadas.
El Ministerio de Defensa estadounidense ha admitido además su posible interés en invertir en los aeropuertos groenlandeses, anuncio bien recibido por Copenhague, pero que aún no se ha concretado.
“Hemos dado un paso grande. Abrimos muchas posibilidades para el futuro de Groenlandia”, dijo Kielsen tras una votación que salió adelante gracias al apoyo de sus aliados, Los Demócratas, la formación que le garantiza desde hace mes y medio la mayoría a su ejecutivo, que vivió una serie crisis por el acuerdo con Dinamarca.
El Parti Naleraq dejó el Gobierno en septiembre, por lo que tildó de rendición ante la antigua metrópoli y un retroceso en el proceso separatista que cuenta con apoyo mayoritario en población y clase política, aunque mientras unos defienden asegurar primero la autonomía económica, otros apuestan por una independencia exprés.
“Estamos vendiendo el país al Estado danés. El derecho de veto significa que tendrá influencia decisiva”, lamentó Hans Enoksen, líder de esa fuerza independentista radical, mientras que el Nunatta Qitornai, de línea similar, sí apoya el plan y desde el Gobierno.
La otra formación que se opuso al proyecto fue la socialista IA, segundo partido en la Cámara, que considera ha sido tramitado de forma rápida, sin estudiar todas las consecuencias para una isla con apenas 56.000 habitantes que viven en 2 millones de kilómetros cuadrados, tres cuartas partes cubiertas de hielo permanentemente.
La economía groenlandesa depende en gran parte de la pesca y de la aportación anual de Copenhague de unos 580 millones de euros, lo que supone más de un tercio de sus ingresos, por lo que necesita recursos para afianzar su economía y una hipotética independencia.
Los sucesivos gobiernos autonómicos han señalado en los últimos años el turismo como una fuente de ingresos prioritaria, después de que el sueño de una independencia a corto plazo asentada en la riqueza mineral y petrolera de la isla perdiera fuerza.
El estallido de la crisis económica, con caída de precios de las materias primas, unidas al alto coste por falta de infraestructuras y dificultades climatológicas, paralizaron los principales proyectos a mediados de esta década.
Un esperado informe elaborado por expertos groenlandeses y daneses, difundido en 2014, rebajó aún más el optimismo al concluir que la independencia de la isla no era viable a medio plazo.
