Si bien reconocen que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) no está obteniendo el resultado que la población espera, aseguraron que sin la presencia de los militares en la zona Norte del país, el panorama y la inseguridad serían peores.
Luis Enrique Villasanti, presidente de la ARP, expresó que no están defendiendo solo al sector de la ganadería, sino a toda la población de los departamentos de San Pedro y Concepción, zona de mayor influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Dijo que el titular del Poder Legislativo también se mostró inquieto por la situación y les prometió realizar gestiones para que eso no desemboque en un caos. “Sería caótico para la población estar desamparados y huérfanos”, expresó a los medios de prensa.
Aprovechó el momento para desmentir que los militares realicen trabajos de vigilancia en las estancias, como había afirmado la senadora por el Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi.
“No conozco ninguna estancia que esté vigilada por la FTC, lo que pasa es que son las estancias las atacadas y eso hace que los militares se vayan hasta ahí”, sostuvo.
La Cámara de Senadores tiene previsto tratar en el mes de setiembre la derogación de la ley que faculta al presidente de la República, Horacio Cartes, a disponer de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los grupos armados, sin la necesidad de declarar estado de excepción. La normativa fue uno de los primeros pedidos del mandatario al asumir la titularidad del Ejecutivo.
Fue el senador por el Partido Democrático Progresista (PDP), Pedro Santacruz, quien solicitó el pasado 11 de agosto que se trate en un mes la derogación de la Ley 5036/13, que modifica la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna.
Con la promulgación de este documento se creó posteriormente la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que viene cumpliendo funciones en la zona Norte del país desde hace tres años. La misma está compuesta por militares y efectivos policiales.
AUDIENCIA. Al respecto se prepara una audiencia pública el próximo 2 de setiembre. “La audiencia pública es necesaria si se hace en una cabecera departamental como lo es Concepción; no podemos hacer una audiencia pública que será un teatro”, manifestó Villasanti.
Considera que a la Fuerza de Tarea Conjunta se le debe pedir mayor rendimiento y mejoras, pero no retirarla de la zona Norte.
Mientras que Eduardo Felippo, de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), refirió que todo país necesita ser desarrollado para que su población pueda vivir mejor y también para erradicar la pobreza. “No existe manera de desarrollar un país que no sea con tranquilidad”, recalcó.
Recordó que actualmente existe una importante inversión en el departamento de Concepción con la instalación de un frigorífico y, en consecuencia, refirió que no se puede permitir que los empresarios se asusten y salgan de ese lugar.
ARGUMENTOS. El pedido de derogación tiene como argumento el fracaso de la lucha contra los grupos armados, a pesar de destinar mayor cantidad de recursos para el efecto. El senador Santacruz expuso en la sesión ordinaria un material en donde detallaba la cantidad de secuestrados, víctimas y asesinatos en los últimos tres años.
El senador Hugo Richer, del Frente Guasu (FG), había señalado tiempo atrás que la denuncia de los obispos sobre violaciones de los DDHH por parte de integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) hace reflexionar sobre la necesidad de replantear el tema de la seguridad.
