La violenta protesta ciudadana desatada en la noche del miércoles en Ciudad del Este, en rechazo a la decisión gubernamental de imponer de nuevo una cuarentena total durante 14 días ante el aumento de contagios de Covid-19, fue una consecuencia de las graves falencias del Poder Ejecutivo en el manejo de la crisis.
Por un lado, la medida adoptada por las autoridades de Salud fue atinada, debido a que el 80% de los casos activos de Covid-19 en el país son del Alto Paraná, como también los son el 30% del total de internados en el territorio nacional a causa de la enfermedad, lo cual produjo un nivel alto de saturación en cuanto al servicio de atención médica como en el número de camas para internación. Sin embargo, hubo un grave fallo comunicacional al divulgar la noticia en forma unilateral a través de una conferencia de prensa desde Asunción, sin un diálogo previo con las autoridades y sectores de la población altoparanaense, como había sucedido en ocasiones anteriores.
No solo hubo errores en la manera en que se dio a conocer la medida, sino principalmente una falta de atención más prioritaria a las necesidades de la población fronteriza, con varias promesas incumplidas de ayuda y de mejor atención en salud. Más que nada, persiste la ausencia de un plan de contingencia para la reactivación económica de una región que vive especialmente del comercio fronterizo, pero que deberá seguir con la paralización por mucho tiempo, sin un plazo definido, mientras las fronteras continúen cerradas debido a la pandemia.
Aun tratándose de la segunda ciudad más importante del país, además de ser una de las más vulnerables por su ubicación de frontera y por su gran dinamismo comercial dependiente de mercados internacionales, Ciudad del Este no recibió la atención que merecía por parte del Gobierno. La situación de cientos de comercios cerrados y de miles de personas que quedaron sin trabajo era un grave polvorín social que en cualquier momento podía estallar, pero no se hizo mucho caso.
Hubo promesas de ayuda social y económica que no se cumplieron. Tampoco se trabajó mucho por mejorar la infraestructura de salud en la zona de mayor riesgo de contagio por su cercanía con el Brasil. Tampoco se cortó de verdad el ingreso clandestino del contrabando de mercaderías y personas.
El acuerdo al que se llegó ayer entre ministros del Gobierno con las autoridades regionales de abrir los comercios entre 5:00 a 17:00 ayuda a descomprimir la situación, pero es solo un parche que mantiene vigentes los riesgos sanitarios y no arregla la problemática de fondo. Además, es interpretado como una derrota política del Gobierno, que ha debido dar marcha atrás en su decisión luego de la violenta protesta.
