El Gobierno nuevamente ratificó su postura con relación a la reivindicación de los pequeños productores que solicitan la condonación de sus deudas ante la crisis actual en el campo. Los labriegos se vienen movilizando desde hace dos semanas.
Juan Carlos López Moreira, jefe del Gabinete de la Presidencia, afirmó que buscan ofrecer opciones para solucionar los problemas de fondo del sector campesino, en forma efectiva y permanente, a fin de mejorar la calidad de vida.
Pero dentro de esas opciones no se encuentra el reclamo de los labriegos, que ahora deberán analizar las propuestas del Ejecutivo. “La condonación de la deuda no es la solución y no es viable”, afirmó en forma categórica el alto funcionario tras una reunión con el presidente de la República, Horacio Cartes, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, en Mburuvicha Róga.
Sin embargo, refirió que la alternativa más favorable es la Ley de Rehabilitación Financiera, porque considera fundamental para potenciar los programas que incrementan la productividad y rentabilidad de la agricultura de los pequeños productores.
Reiteró que mantienen la puerta abierta al diálogo para que en forma conjunta puedan encontrar la solución más favorable para el sector.
“Trabajando juntos, las propuestas viables que se pongan en la mesa deben ser mejoradas con la participación de todos y para el beneficio de todos”, sostuvo.
Dejó en claro que el Gobierno tiene la voluntad política de resolver el conflicto en el menor tiempo posible.
PROPUESTA. López Moreira explicó que la Ley de Rehabilitación Financiera es una normativa vigente desde diciembre del año pasado y establece la refinanciación de las deudas atrasadas de los pequeños productores a un plazo de 10 años y con intereses del 10%. Además, tendrán la posibilidad de quitar un nuevo crédito.
“Nosotros creemos que la condonación no es la solución para los pequeños agricultores y si no estamos convenidos de una solución no vamos a seguir”, indicó.
Sobre la cantidad de los deudores, dijo que no tienen datos precisos, solo lo manifestado por el sector. Hablan de 70.000 familias afectadas, lo que implicaría USD 150 millones en concepto de deudas.
