04 jul. 2025

“Gobierno protege a los ricos y reprime a los pobres”, afirma senador

“Se está delatando un Gobierno que usa todos estos recursos del Estado para proteger a los ricos y reprimir a los pobres”, dijo el senador por el Frente Guasu, Hugo Richer, respecto al resguardo policial a la fumigación de un sojal en San Vicente, del departamento de San Pedro.

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El colono de apellido Menuzzi, cuenta con unas 150 hectáreas de plantación en la zona./ Foto: Gentileza.

Durante un debate sobre los Derechos Humanos en la sesión de este jueves en la Cámara de Senadores, Richer criticó duramente la represión policial hacia manifestantes.

Primeramente, se refirió a los campesinos que se manifestaban contra la fumigación de un sojal en San Vicente, San Pedro. En el lugar los labriegos fueron reprimidos por 500 efectivos policiales, entre ellos, cascos azules, montada e inclusive helicópteros acompañaron la comitiva de seguridad que resguardó el campo mientras era fumigado con agroquímicos.

Señaló que el propio intendente, Eugenio Rodas, estuvo por el Parlamento reclamando la ausencia de instituciones en el lugar que estudien el alcance de las fumigaciones y los efectos en la comunidad.

"¿Cuál es la política de seguridad de Cartes?”, cuestionó el senador, indignado ante la situación que ya fue denunciada ante la Seam, Senave e Infona por los campesinos que aseguran que las fumigaciones contaminan sus comunidades.

Asimismo, dijo que el Gobierno reprime a las comunidades en vez de asistir a los pobladores con mayor presencia y que, sin embargo, “protege a sojeros que violan leyes ambientales”

A los casos de represión, agregó la violenta respuesta de los antimotines a una manifestación de madres del Bañado Sur en la Plaza de las Armas, ubicada frente al Parlamento. En el suceso fue herida con balines de goma una niña de 9 años.

A su vez, el senador por el Partido Liberal, Luis Alberto Wagner, dijo durante su intervención que es delito penal permitir que se fumiguen zonas donde se violen leyes ambientales. Agregó que el policía o militar que apoye a este ilícito se expone además de una sanción penal, a 10 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo en la función pública.

Solicitó al pleno un informe policial sobre las fumigaciones que se realizan en el interior del país.

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