El Primer Comando Capital (PCC) no representa una amenaza para la seguridad nacional, según el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, aunque sí considera al grupo criminal brasileño como un eslabón más que llevó a nuestro país a estar inmerso en una crisis penitenciaria.
Esta mañana, el alto funcionario de Gobierno, se reunirá con ministros de la Corte Suprema de Justicia para definir una hoja de ruta a fin de abordar el problema existente. “Vamos a tratar el problema penitenciario para tener una política común. Hay distintos roles y distintos problemas. Es un conglomerado”, explicó Villamayor, y agregó que el PCC será uno de los puntos a tratar, pero no el principal.
“No es una amenaza. Hay un acto de venganza (en la cárcel de San Pedro), no hubo un motín ni una fuga. Pero sí hay un tema grave, que es la posibilidad de que estén armados y tomen venganza respecto a otra gente”, acotó.
En la reunión también tratarán otros temas como el abuso de la prisión preventiva, la mora judicial y la falta de infraestructura.
Horacio Galeano Perrone, ex ministro de Defensa y analista político, había afirmado luego de un enfrentamiento protagonizado por miembros del PCC y el clan Rotela, en la cárcel de San Pedro –donde murieron 10 internos–, que incluso se podría pensar en la militarización de las cárceles. “Se pueden militarizar las cárceles o tener a disposición para una respuesta inmediata. La FTC también tenía que estar para evitar que la situación se pueda desbordar”, había opinado en esa oportunidad en comunicación con radio Monumental.
amenaza. En contraposición a la opinión de Villamayor, el especialista en inteligencia José Amarilla sostiene que para los estados modernos, grupos como el PCC sí podrían considerarse una amenaza. “El surgimiento de los grupos criminales organizados ha demostrado que su existencia constituye una amenaza para la continuidad de los estados modernos. Es probablemente una de las amenazas más serias al Estado brasileño en la actualidad”, enfatizó.
Sin embargo, en su opinión, la militarización de las zonas de influencia de estas facciones, que son las cárceles, no solucionarán el problema de fondo. Amarilla recordó la estrategia tomada por el Gobierno para la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el Norte. “La efectividad de la estrategia militar contra el EPP nos da la pauta de lo que podría ser la militarización del control de cárceles. Como solución estratégica no ha impedido la operatividad del grupo, incluso dentro de un territorio muy acotado”, indicó.
Para Amarilla, la lucha contra el PCC tendría que unir a Paraguay y Brasil, dos países que están directamente afectados por sus acciones.
“Es claro que el Estado paraguayo por su cuenta no podrá combatir de manera eficaz a estos grupos criminales de gran poder económico. Representa un desafío de cooperación”, concluyó.