EFE
“Los acontecimientos de los últimos tiempos en Europa Occidental plantean el creciente peligro de terrorismo”, declaró hoy en Budapest ante la prensa el ministro húngaro de Gobernación, János Lázar, al anunciar el proyecto de nueva legislación.
Afirmó que ese riesgo puede ser reducido mediante una limitación del libre movimiento de los solicitantes de asilo y de todos aquellos que cruzan la frontera de forma ilegal.
Según la ley prevista, los solicitantes de asilo tendrán que esperar el resultado de sus procesos en centros que se instalarán en las fronteras.
Lázár recordó que actualmente hay 586 personas en diferentes centros de acogida que serían también trasladadas a los centros que se crearán en las fronteras del país, en lugares aún no especificados.
El ministro reconoció que se trata de una “limitación del libre movimiento” de estas personas.
Hace tres semanas, al adelantar que el Gobierno elaborará esta legislación, Orbán reconoció que es una decisión “abiertamente contraria a la Unión Europea (UE)”.
Según la legislación comunitaria, solo se puede impedir el libre movimiento de las personas de forma individual si existe un riesgo probado para la seguridad.
Ahora se espera que el Gobierno húngaro presente el proyecto de la ley al Parlamento en pocos días, si bien Lázár no concretó una fecha.
Aseguró que las medidas previstas solo se aplicarán cuando en el país está vigente el estado de alerta por inmigración en masa. En Hungría actualmente está vigente esa alerta, en principio hasta el 8 de marzo.
Antes de 2013, cuando la llegada de refugiados era mucho menor, la detención de refugiados en centros de internamiento era una práctica casi automática en Hungría y solo gracias a la presión de la Comisión Europea, la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se acabó con ella.
Hungría elevó en el otoño de 2015 vallas alambradas en sus fronteras del sur para detener el flujo de refugiados y el Parlamento aprobó leyes que penalizan con hasta cinco años de prisión el cruce ilegal de las lindes.
En los últimos meses, varias ONG, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado el trato violento que sufren los peticionarios de asilo por parte de las autoridades húngaras.
