Lo paradójico, es que el propio Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Tributación, pretende implementar un costoso software a fin de cruzar información y evitar la evasión impositiva de los ciudadanos. A modo de ejemplo, hasta las fotos en las redes sociales de las personas podrán alertar sobre indicios de ingresos no declarados al fisco. Para el efecto, el Ejecutivo destinará G. 23.000 millones para monitorear a los ciudadanos.
La diputada Rocío Vallejo, una de las propulsoras del proyecto que modifica la ley, expresó su enojo por esta situación.
“23 mil millones (de guaraníes) para monitorear a la gente que evade. Ojalá la decisión política sea invertir esa cantidad en establecer todo lo necesario para el control de los fondos de las campañas políticas. Eso va a redundar en mejores personas que manejarán mejor los recursos. Tributación tiene plata para controlar al ciudadano común en las redes, pero acá ponen excusas para controlar a los políticos, basta de dinero de la corrupción y el narcotráfico en las campañas electorales”, sentenció.
La proyectista resaltó que lo más importante de este proyecto es el endurecimiento de la trazabilidad, la rendición de ingresos y egresos que deberá presentar cada candidato y el control en tiempo real desde el inicio del periodo de gastos de las campañas.
Pero uno de los puntos más destacados y novedosos es la obligatoriedad de presentar una declaración de intereses, que se refiere a la información del sector económico al que está ligado el candidato, como por ejemplo, el bancario o el del combustible.
Con el nuevo sistema electoral, de listas cerradas desbloqueadas, las campañas serán prácticamente individuales. Por ese motivo, el nuevo proyecto establece que cada uno de los candidatos de todos los movimientos deberá presentar su declaración jurada.