EFE
BUENOS AIRES
El Gobierno de Argentina dispuso este lunes nuevas medidas de desregulación del sector eléctrico y la creación de un nuevo organismo que unifica las funciones de los hasta ahora entes reguladores del gas y la electricidad, mediante un decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei.
Se establecieron, así, cambios en el régimen eléctrico con el propósito de “fortalecer la competencia, liberalizar la contratación entre privados, asegurar inversiones y garantizar la libre elección de proveedor por parte de los usuarios”, según el decreto.
También se habilita la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, operaciones que, a partir de ahora, el Estado solo podrá objetar por razones técnicas o de seguridad del suministro.
Mediante otro decreto, el Gobierno creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que reemplazará en un plazo máximo de 180 días a los dos existentes y que operaban por separado: Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)
Esta decisión, según el Gobierno, busca “optimizar el uso de los recursos públicos”.
El directorio del nuevo organismo creado por Milei estará compuesto por cinco miembros designados por el Ejecutivo, con aval parlamentario no vinculante.
La reforma, además, permite la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, revirtiendo las restricciones impuestas en 2013, con el objetivo -según el Gobierno- de promover estabilidad y previsibilidad en el abastecimiento e inversiones a largo plazo.
USUARIO ELIGE PROVEEDOR. Se confirma, asimismo, el derecho de los usuarios finales a elegir a su proveedor, lo que aseguraría que puedan contratar su energía sin obstáculos regulatorios ni impedimentos operativos.
La norma introduce mecanismos regulatorios que permitirán a los usuarios conocer qué están pagando, excluidos tributos o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados, a la vez que se fomenta el desarrollo de infraestructura de transporte eléctrico, incentivando la inversión privada, según el decreto emitido este lunes.
OTRO ENTE ELIMINADO. El Gobierno también anunció este lunes la disolución de Vialidad Nacional, el ente público que regula las concesiones viales y que se encarga del mantenimiento de las carreteras del país que no están bajo administración de empresas privadas.
“El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar este martes, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Entre los argumentos para disolver Vialidad Nacional, el Gobierno sostuvo que este organismo fue eje de la causa judicial por irregularidades en la concesión de obras entre 2003 y 2015 por la que fue condenada a seis años de prisión la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condena que comenzó a cumplir el pasado 17 de junio bajo el régimen de prisión domiciliaria.
El Gobierno argentino aseguró además que, gracias a los decretos firmados en el último año por el presidente Milei orientados principalmente a reformar y achicar el Estado, se logró ahorrar 2.000 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros).
