El asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años arrastrada por un vehículo robado por dos adolescentes de 14 y 17 años en febrero pasado, generó una gran conmoción pública y más presiones para reformar el Régimen Penal Juvenil en Argentina. El oficialismo y sus aliados en el Parlamento buscarán este martes alcanzar un consenso en comisiones para avanzar con las modificaciones, que, entre otras propuestas, incluye la reducción de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad y establece un sistema integral para abordar los delitos cometidos por adolescentes.
Las comisiones abordarán 14 proyectos con el objetivo de reemplazar una ley vigente desde 1980, en plena dictadura militar argentina (1976-1983).
Si bien la propuesta del oficialismo y sus aliados de reducir la edad de imputabilidad generó resistencia en sectores del kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica, también cosechó importantes apoyos tras más de ocho sesiones informativas iniciadas en agosto de 2023.
Penas máximas
En el plenario de comisiones se discutirán también otros aspectos, como las penas máximas que se le pueden imponer a los menores (oscilan entre 10 y 20 años), las sanciones alternativas a la privación de la libertad y distintos enfoques orientados a los servicios socioeducativos dentro de los centros cerrados de menores.
Se buscará también consensuar criterios para evitar que los menores condenados cumplan penas en cárceles comunes o junto a adultos, y prever modalidades atenuadas, como la prisión domiciliaria o institutos cerrados especializados.
De lograrse un consenso en comisiones, los parlamentarios firmarán un dictamen que habilitará su tratamiento en el recinto.
La Iglesia Católica manifestó este domingo su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, advirtió en entrevista con medios locales el obispo Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social.
Fuente: EFE.
