17 mar. 2026

Gobierno argentino acaba con sistema discrecional para importar

El esquema de importación implementado por Sergio Massa, que establecía cupos de importación de forma discrecional fue eliminado. Se adopta el sistema SEDI que busca evitar la “burocracia”.

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Menos trámites. Contenedores con bienes aguardan para su despacho. En Argentina se busca agilizar la importación con la implementación de un nuevo mecanismo.

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El Gobierno de Argentina reemplazó el actual Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) por un nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) para de esta manera eliminar “vueltas burocráticas” al comercio importador en el país suramericano.

Con el fin del SIRA y la implantación del SEDI “se termina que el funcionario de turno pueda decidir qué queremos exportar y qué no”, aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede de Gobierno) al referirse a la resolución del Ejecutivo, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial de Argentina.

El nuevo modelo permitirá que el Gobierno argentino valore más “la decisión del privado que la de aquel que está detrás de un escritorio”, enfatizó el vocero gubernamental. “Siempre confiamos más en el que trabaja que en el burócrata”, reiteró.

El polémico SIRA fue adoptado por quien fue ministro de Economía durante la segunda mitad del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), Sergio Massa, que también fue el aspirante presidencial que derrotó el ultraliberal Javier Milei en el balotaje celebrado el pasado 19 de noviembre.

MEDIDA ESTRELLA DE MASSA. El sistema de importaciones, que fue una de las ‘medidas estrella’ de Massa, establecía cupos a las compras del exterior en Argentina, instalando un sistema discrecional de licencias y permisos para la importación.

Con el nuevo esquema, que ya había sido adelantado por el actual ministro de Economía, Luis Caputo, no será necesario que se tramiten licencias para los envíos destinados al consumo.

El SEDI es un sistema estadístico que no requerirá de licencias previas, pero sí de declaraciones, a fin de llevar a cabo un análisis tributario de los importadores.

Según el Gobierno, el nuevo sistema corregirá “las distorsiones en el mercado” que generó el SIRA.

El sistema que estableció el anterior ministro de Economía “ha afectado al desempeño y la previsibilidad de las empresas nacionales, generando serias dificultades en el comercio de bienes y servicios en el país, como así también una importante deuda comercial con proveedores del exterior”, señala la resolución implementada por el Gobierno de Milei.

CONGRESO. Por otra parte, el Congreso inició este martes sesiones extraordinarias convocadas por Milei para debatir leyes complementarias a su megadecreto de desregulación económica resistido por la oposición y las centrales obreras. “Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio que ha votado la gente o seguir obstruyendo y poner palos en la rueda”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Decreto Nacional de Urgencia enfrenta varias demandas Casi una semana después de firmar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el nuevo Gobierno de Argentina pretende acometer la práctica desregulación económica del país, el presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demandas judiciales en contra de la medida. La primera en conocerse se presentó al día siguiente de que Milei anunció en una cadena nacional de radio y televisión la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación, donde la ultraderecha oficialista carece de apoyo parlamentario suficiente. Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo a la hora de tomar estas severas medidas económicas. Desde entonces, el goteo de demandas y peticiones de inconstitucionalidad al decreto de Milei ha ido incrementándose. Algunos de los denunciantes, como el abogado Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando “sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes”.

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