Arnaldo Giuzzio tenía apenas trece años cuando ingresó en la función pública. Fue ordenanza en los tribunales de Asunción, oriundo de Villa del Rosario, San Pedro, departamento donde años después operaría como fiscal. En setiembre de 2020, Giuzzio habrá sentido un orgullo especial cuando viajó a su valle con la comitiva del presidente, quien el 24 de aquel mes tuvo una jornada de gobierno en ciudades del departamento del Norte. En Puerto Rosario, administrativamente dependiente de la ciudad natal del ministro del Interior, este se dirigió a sus jóvenes compueblanos en la entrega de cinco laboratorios informáticos, a orillas del otrora undoso río Paraguay: “No solo son computadoras, es un espacio, un sueño y, por sobre todo, una oportunidad que está trayendo el Gobierno para ustedes”, se extasió, dadivoso.
Nada mal para el funcionario imberbe que había conseguido la oportunidad de un trabajo precoz en la justicia de la era stronista. Ahora regresaba a sus pagos con el aura de hombre de Estado. Nada mal para quien, cuarenta años después, volvía con un patrimonio de más de 1.000 millones de guaraníes, casi diez veces aumentado tras su primera declaración jurada hecha en 2003. Nada mal para quien en julio fue al Congreso a pedir un aumento de 130 millones de dólares para la Fuerza de Tarea Conjunta que militarizó el Norte y a las que él, en algún momento, investigó sin resultados. Nada mal, otra vez, para quien el miércoles consiguió más de 31.000 millones de aumento para adquirir vehículos blindados, sacándole el blinde al Presupuesto General que ignora a docentes y médicos mientras los reprime.
De hecho, resulta interesante constatar el repentino viraje de opinión acerca de la FTC por parte de Giuzzio. Cuando se postuló a un segundo periodo en el Senado, la plataforma A Quiénes Elegimos le preguntó qué acciones tomaría en relación con este cuerpo varias veces violador de derechos humanos, creado por Horacio Cartes: “Desintegraría la FTC”, respondió. Ahora piensa armarlas todavía más, dotarlas de tecnología y ofrecer una base permanente a la Senad en Concepción, para seguir dando lucha al crimen organizado. ¿Seguir?
En su meteórica promoción en el Ministerio Público, Giuzzio forjó el capital político que lo habría de catapultar al Parlamento, después al Gabinete ministerial de mano de un partido tradicional contra cuyas prácticas dijo haberse postulado a cargos electivos en 2013 y 2018. Sin embargo, el moralista acusador no metió preso absolutamente a nadie relevante entre políticos y funcionarios que, muy mediáticamente, imputó cuando fue el fiscal anticorrupción preferido por las cámaras, amigo de periodistas. El más notorio caso es el de Óscar González Daher, a quien directamente blanqueó. Pero tampoco pudo con Víctor Bogado, quien lo demandó al igual que otros a los que acusó, como diría Shakespeare, with much ado about nothing: con mucho ruido y pocas nueces. Es pertinente el inglés cuando se trata de un ministro sostenido por la Embajada que, con mucha asiduidad e inspirándose en su política, tiene supina debilidad por fiscales acusadores.
Pero volvamos, finalmente, a la mañana de Puerto Rosario. Los protagonistas entonces fueron los jóvenes y Giuzzio se mostró, tácitamente, como un ejemplo para ellos. No obstante, luego de que esta semana consiguiera sus blindados, el ex fiscal responsabilizó a los padres (por ende, a los jóvenes) de la violencia generalizada de los narcos. Esto después del múltiple atentado en Pedro Juan Caballero. Reflexivo y preocupado por la familia, como un militar de dictadura latinoamericana, se preguntó sobre los cadáveres de las chicas, sin autocrítica alguna, “¿qué pasa, quiénes están controlando, verdaderamente los padres controlamos a nuestras familias, sabemos (a) dónde van (los jóvenes), con quiénes andan?”.
Un gran discurso moral, una filípica de ministro del Interior en apuros. Algo habrán hecho, piensa de nuestra juventud el integrado pastorcillo mentiroso.
