- Alcides Manena
- ALTO PARAGUAY
La Contraloría General de la República (CGR) concluyó en su informe que la Gobernación del Departamento de Alto Paraguay no remitió todos los documentos que respaldan las transferencias realizadas, sobre aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro, como facturas y notas de presupuestos, evidencias que se muestran en el informe final del 22 de marzo de 2022.
La Fiscalización Especial Inmediata fue aplicada a la Gobernación de Alto Paraguay en el ejercicio fiscal 2020, correspondiente a la administración del ex gobernador José Domingo Adorno.
El monto que percibió el Gobierno departamental en el primer desembolso el 28/12/2020 fue de USD 1.000.000 y el segundo el 01/05/2021, de los cuales la Gobernación utilizó los fondos, según detalla la CGR, en construcción por valor de G. 7.622.846.742, que contemplan obras como construcción en el estadio de Puerto Casado, Hospital Regional en la misma ciudad, Hospital Regional en Fuerte Olimpo, pavimentación de hormigón armado y construcción de puerto atracadero de Bahía Negra, que aún permanece inconcluso a la vista de los pobladores.
Las transferencias. En cuanto a aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro, la transferencia fue de G. 3.316.665.909; parte de estos fondos fueron destinados al Vicariato Apostólico del Chaco como beneficiario en concepto de ampliación y restauración de la iglesia Sagrada Familia, tinglado en el predio de la capilla San Pedro Apóstol, proyecto Ñandejára Guasu – Mirador de Fuerte Olimpo, reparaciones y arreglos de la casa de Las Hermanas de la Caridad y proyecto construcción de la parroquia San Roque González de Santa Cruz de la localidad de Toro Pampa; para estas obras se transfirieron G. 2.265.093.988.
La CGR concluye que los fondos fueron transferidos al Vicariato Apostólico del Chaco por parte de la Gobernación sin que se usen como rubro de construcción, ni esté contemplada en sus objetivos como ONG. Según el acta de constitución, en las facturas presentadas se pudieron constatar las actividades, donde no se visualiza entre los fines u objetivos la ejecución de obras, según el informe final.
Además, la Gobernación no realizó los controles pertinentes a los comprobantes que respaldan las transferencias recibidas por las instituciones privadas sin fines de lucro, ya que los mismos no se ajustan a la ley. A esto se suma la falta de realización de controles pertinentes a los contratos de obras suscritos entre el Vicariato Apostólico del Chaco, los contratistas y a los documentos que respaldan las transferencias recibidas por las instituciones.
Concejales departamentales, en 2022, presentaron denuncias ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción en la unidad del agente Juan Manuel Ledesma, que llegó a realizar verificaciones en terreno hasta el momento sin resultado sobre las investigaciones.