Hay problemas cuya gravedad parece no percibirse a plenitud. Es como si el impacto negativo, al ser a largo plazo, quedara diluido a nivel personal y colectivo. Pasa en todos los niveles y ámbitos. En Paraguay nadie atiende casos complejos, como el progresivo vaciamiento de jóvenes del campo, que tendrá efectos inimaginables para el país en los próximos años; la contaminación del Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua potable de la región; la destrucción acelerada de los bosques, por citar algunos.
Y entre estos de notable gravedad están, igualmente –y con énfasis–, el aumento exponencial de niños y jóvenes, muchos de ellos indígenas, que deambulan diariamente por las calles del microcentro de Asunción y alrededores de la Terminal, entre otros puntos, consumiendo crac y siendo víctimas de abusos de todo tipo; todo ello, ante la inacción de las instituciones gubernamentales, municipales y judiciales afectadas, ya sea por incapacidad o falta de recursos, así como también ante la indiferencia de la gente; pues muchos ya lo ven como parte inevitable del decadente paisaje urbano o quedan paralizados ante la complejidad del fenómeno. Lo cierto y concreto es que el drama está allí frente a todos, va en aumento y no hay una capacidad de reacción que pueda suponer una salida en positivo a mediano y largo plazo.
La cantidad de menores indígenas, desnutridos y haraposos, que en los últimos meses han ganado notoriedad en las veredas y esquinas del microcentro, no son más que la punta del iceberg de una problemática que tendrá un impacto altamente negativo en nuestra sociedad. El consumo de drogas va en aumento. La expulsión de nativos hacia las ciudades, también. Según un estudio realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el 2014, de un total de 22.135 jóvenes de 274 instituciones educativas de Asunción y los departamentos Central y Guairá, el 5,7% de los encuestados admitieron el consumo de marihuana “alguna vez” y el 1,0%, el de crac “frecuentemente”.
Hablamos de una generación herida por la marginalidad, una que no tiene perspectivas de desarrollo ni realización, a nivel personal o social. El fenómeno requiere de acciones serias, planificadas, inversiones sociales, políticas de Estado. Nuestro país no está preparado y eso debe cambiar. El Centro Nacional de Control de Adicciones (CNCA) tiene apenas 15 camas disponibles a nivel nacional en la Unidad Infantojuvenil. Algo inadmisible. De hecho, según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Paraguay debe triplicar los recursos destinados a los sectores más vulnerables para acercarse siquiera al promedio de la región, que es de USD 969 por habitante.
Urgen acciones inmediatas, fiscales y jueces que hagan su trabajo, una Policía Nacional que deje de proteger a los microtraficantes, y una Secretaría de la Niñez y un Instituto del Indígena que superando los formalismos apliquen medidas de emergencia para estos seres humanos, únicos y con dignidad, pero que hoy, tristemente, deambulan como zombis por nuestras calles.
