“Se comprobó que funcionarios cobraban las pensiones destinadas a la tercera edad”, expresó el jefe comunal. Son trabajadores de entre 15 y 20 años de antigüedad.
El intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, dijo que decidieron abrir un sumario administrativo para esos funcionarios y para la encargada de la oficina de Adultos Mayores, Alberta Oviedo.
La misma se presentará en la mañana de este jueves para realizar su descargo correspondiente ante las autoridades de la comuna.
Dijo que el objetivo es que los implicados devuelvan la totalidad de lo percibido irregularmente. Además, anunció que los mismos ya fueron separados de sus cargos y el caso será comunicado al Ministerio Público.
Ferrer señaló a la emisora 780 AM, que los trabajadores cobraron entre G 300.000 y 500.000 en concepto de pensiones que debían ser destinadas a personas mayores de 65 años.
Luego de conocerse el caso tras una denuncia, el Ministerio de Hacienda, encargado de la distribución de esos recursos, bloqueó las tarjetas de débito.
La Ley N° 3728/09 establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza. Consiste en una asistencia monetaria mensual equivalente al 25% del salario mínimo vigente.
