Estas funcionarias de la UNA fueron imputadas el pasado viernes por intentar sacar documentos del Rectorado. Tras su detención, se comprobó que Martínez Méndez sacó de la institución resoluciones de nombramientos a familiares del ex rector Froilán Peralta.
La imputación formulada por el fiscal Gerardo Mosqueira es por los delitos de hurto agravado y frustración de la persecución y ejecución penal. Todas se exponen a una pena de hasta 10 años de cárcel.
Las tres mujeres pudieron ser detenidas por la Fiscalía a raíz de la acción de los estudiantes, que al sorprenderlas evitaron que salieran de la institución. Martínez quedó dentro de una patrullera de la empresa de seguridad que custodia el campus de la universidad, mientras que las otras dos funcionarias permanecieron dentro del Rectorado hasta que la Fiscalía ingresó al campo universitario.
tras las rejas. La audiencia de imposición de medidas cautelares se realizó en horas de la mañana, en el Palacio de Justicia de San Lorenzo. En la diligencia, la defensa de María del Carmen Martínez ofreció una fianza real y personal de G. 1.500 millones y solicitó el arresto domiciliario.
Martínez, quien se desempeñaba como jefa de Talento Humano, fue representada por el abogado José Domingo Almada –un conocido abogado que también representa a varios políticos, entre ellos, al senador Enzo Cardozo y al ex ministro Enrique Salyn Buzarquis– y Rodrigo Villamayor. Almada sostuvo que existió una extralimitación del Ministerio Público al solicitar la prisión preventiva.
Por otro lado, afirmó que la noche en que Martínez fue descubierta por estudiantes dentro del Rectorado, la misma había acudido a su lugar de trabajo para preparar informes para distintas instituciones y también para completar planillas de sueldo.
“Recibió cinco pedidos de informes, por eso se constituyó el día 24 de setiembre a elaborar esos informes y también estaba confeccionando planillas de sueldo. Ingresó al mediodía del 24 de setiembre a hacer su trabajo profesional y salió a las 20.00 aproximadamente y ahí surgió esa situación”, relató a la 780 AM el abogado Almada.
Por su parte, los demás defensores también ofrecieron fianzas para obtener el arresto domiciliario de sus clientes. Todos los abogados sostuvieron que hubo posibles quiebres de la cadena de custodia de evidencias.
Finalmente, el magistrado Ledesma dispuso la prisión preventiva de todas y argumentó que no podía otorgarles medidas sustitutivas por la gravedad del hecho punible que se les imputa. Asimismo, indicó que la prisión también se fundamenta en la sospecha de que las funcionarias intentaron entorpecer una investigación y destruir evidencias.
Antes de ingresar a la prisión, las mismas fueron llevadas hasta el Centro de Emergencias Médicas, para una inspección médica. Finalmente, en horas de la tarde, fueron llevadas al Buen Pastor.
De esta forma, se agranda la lista de funcionarios de la UNA tras las rejas. En la noche del pasado viernes, la jueza Lici Sánchez dispuso la prisión preventiva de Froilán Peralta en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía.
En cinco días, si no hay una resolución judicial que disponga lo contrario, Peralta será remitido directamente a la penitenciaría de Tacumbú, resolvió la magistrada.