La fiscal del caso, Norma Salinas, informó a ÚH que el acta de imputación detalla como las víctimas a Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino Ramírez Casco, y Lorena Brítez González, viuda de Antonio Acosta Contrera quienes solo recibieron G. 30 y 45 millones, respectivamente, en concepto de indemnización.
El pago por el trabajo realizado para Anadelia y Flores fue de G. 10 millones para la primera y para la segunda de G. 5 millones, según informó Anadelia a las víctimas.
Investigación. El 2 de octubre, el Ministerio Público, en conocimiento del hecho, requirió de informes al Banco Nacional de Fomento (BNF); así se tomó conocimiento de que en fechas 11 y 26 de setiembre se efectivizaron los cheques. El abogado Darío Aquiles Flores Mendoza fue el responsable de efectivizar el dinero. De acuerdo con el informe entregado por el BNF, la operación no debió realizarse atendiendo a que las documentaciones poseían la inscripción de no transferibles, conforme al poder general presentado por el abogado para la efectivización de los cheques. “A la fecha, se puede decir que este poder general que presentaron no es válido, porque es falso; el escribano de Ybycuí ya manifestó que él no firmó”, expresó Salinas para ÚH. Adelantó que podría haber más hechos punibles a medida que avancen las averiguaciones.
Medidas solicitadas. La fiscala puso una fianza real suficientes por valor de G. 800 millones, la prohibición de acercarse a la víctima y la prohibición de salir del país. En contrapartida, no pidió prisión porque todos tienen suficiente arraigo.
ASISTENCIA. El 2 de agosto fallecieron Antonio Acosta Contreras y Marino Ramírez Casco a causa de estar expuestos y en contacto con alambrado electrificado. En el velorio, Anadelia Acosta les ofrece asistencia legal para conseguir la indemnización.
