Erico Galeano quedó pegado al esquema delictivo cuando durante un allanamiento a una lujosa propiedad en la exclusiva urbanización Aqua Village de Altos se encontró una boleta de la ANDE a su nombre.
Expertos en la materia de antilavado de dinero consultados por ÚH coincidieron en señalar que el movimiento de elevadas sumas de dinero por parte del parlamentario a través de préstamos de la Cooperativa Capiatá, los cuales eran cancelados de manera anticipada, hace suponer su participación en un esquema de lavado de dinero.
“(...) Habría que analizar un poco cuál era la política de la cooperativa para otorgarle préstamo, y si estamos hablando de desembolsos de créditos y cancelaciones anticipadas de créditos, debería de haber representado una señal de alerta para la cooperativa”, expresó una fuente consultada.
Recién el 3 de marzo pasado el ente cooperativo reportó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sus operaciones con Galeano. La entidad precisó que el 22 de febrero pasado otorgó el último préstamo al colorado. Según el documento, concedió a Galeano un préstamo tipo hipotecario de G. 10.000 millones a 24 meses de plazo.
En ediciones anteriores, ÚH publicó que el diputado obtuvo en total 17 créditos en 6 años del citado ente cooperativo, de donde extrajo más de G. 40.817 millones entre los años 2016 y 2022.
Como ejemplo, solo en el año 2019, el legislador realizó siete préstamos. Uno de ellos por el monto de G. 1.000.611.000 que canceló en apenas 32 días.
La Seprelad señaló que, a partir de la recepción preliminar de la información transaccional complementaria (ITC), se identificaron operaciones de préstamos de altas sumas de dinero, por parte del diputado Galeano, de la Cooperativa Capiatá, con cancelación anticipada, y con codeudoría de la Estación de Servicio Alpina y garantía hipotecaria del inmueble correspondiente al club Deportivo Capiatá. “Si no se justificó adecuadamente el origen del dinero de las cancelaciones anticipadas, sí hay indicios (de lavado)”, comentó a este diario uno de los expertos consultados que pidió el resguardo de su identidad.
En esa línea, el rol del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), como supervisor del sector, también fue cuestionado por los especialistas.
Otro indicador que lleva a la sospecha de un posible esquema de lavado de dinero tiene que ver con la propiedad allanada en la que se halló una factura de la ANDE a nombre del legislador.
Según su propio abogado, Erico Galeano recibió por la vivienda la suma de un millón de dólares, al contado, de parte de Hugo Manuel González Ramos, uno de los imputados en la investigación del operativo A Ultranza Py.
Al respecto, especialistas sostienen que si existió algún intermediario para la venta de la propiedad, de tratarse de una inmobiliaria, esta debió reportar la operación por el volumen de la transacción a la Seprelad. Ahora, si se trató de una venta directa por escribanía, “los escribanos actualmente tienen un protocolo que seguir en materia de prevención de lavado de dinero”. “(...) ellos tienen reportes que van, inclusive, de manera mensual a la Seprelad para determinadas transacciones, sobre todo las que son en efectivo”, comentó uno de los especialistas.
Tras descubrirse que vendió una propiedad, que no declaró, a uno de los imputados por narcotráfico, entre otras propiedades y cuentas no declaradas, Galeano rectificó ante la Contraloría su declaración jurada de bienes y rentas.
Sin embargo, obvió en su nueva declaración el préstamo de G. 10.000 millones que realizó el mes pasado de la Cooperativa Capiatá, concretado un día antes de filtrarse el allanamiento que se iba a realizar a la propiedad que vendió por USD 1 millón en la ciudad de Altos.
Otro que cayó con el operativo A Ultranza Py es el ex diputado Juan Carlos Ozorio (ANR), quien renunció a su banca tras la filtración de audios que lo involucran con el crimen organizado. Fue imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, y fue remitido a prisión. Era el presidente de la Cooperativa San Cristóbal, fiscalizada en estos momentos por el Incoop. Se denunció que Ozorio abrió cuentas en la entidad solidaria para miembros de un esquema criminal dedicado al narcotráfico.