“A raíz de la ola de calor, se han vuelto a registrar recientemente piedras caídas de la bóveda. El ritmo de las obras iniciadas el 16 de abril se justifica únicamente por la urgencia vinculada al riesgo persistente de hundimiento”, indicó en un correo electrónico transmitido a los medios.
La continuación de las obras está prevista para el próximo 19 de agosto, tras su paralización el 25 de julio para replantear las medidas de seguridad sanitarias para los trabajadores, que no habían sido “suficientemente respetadas”.
En paralelo, esta semana empezaron los trabajos de limpieza de plomo en los alrededores de la catedral, que deberán extenderse aún durante tres semanas.
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El Ministerio insistió, no obstante, en que la salud de los obreros es una prioridad absoluta que prima sobre cualquier otra consideración y destacó que los dispositivos establecidos desde el principio para garantizar su seguridad serán reforzados en las próximas semanas y adaptados al número de personas que intervengan.
Apuntó, además, que para el Estado es un desafío conciliar la urgencia de una intervención que descarte el riesgo de derrumbamiento con la seguridad de los obreros.
Con una descripción minuciosa de los procesos de seguridad en marcha, Cultura se defendió así de las críticas recibidas, especialmente desde que el digital Mediapart publicara en julio, antes de que paralizaran las obras, un artículo en el que cuestionaba la protección de los trabajadores.
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Según el Ministerio, la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), autoridad dependiente del Ministerio que gestiona las obras, puso en marcha a partir del 18 de abril y junto a la delegación del Gobierno las primeras medidas para preservar las condiciones sanitarias en la construcción por el peligro de contaminación de plomo.
El contacto con la inspección de trabajo ha sido regular desde el pasado 30 de abril, “en forma de visitas a la construcción, reuniones de trabajo y correos”.
“La suspensión de la obra decidida por el Prefecto de la Región el 25 de julio pretendía pasar de un dispositivo provisional de lucha contra el riesgo de plomo, instaurado en la urgencia de preservar el edificio, a un dispositivo perenne y dimensionado con respecto al número de trabajadores en el lugar”, según Cultura.
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Por último, el Ministerio aseguró que los operadores han sido informados a diario de la evolución de las medidas preventivas y que se han dado formaciones obligatorias que todos deben seguir antes de iniciar su misión.
Además, todas las empresas que intervienen tienen la obligación de garantizar el seguimiento individual de sus empleados por un médico de trabajo, como análisis de plomo en sangre.
