Tres líderes campesinos fueron imputados y hasta ya cuentan con órdenes de captura por la supuesta invasión de inmueble. Desde la FNC repudiaron el hecho, manifestando que es una persecución fiscal-judicial contra el gremio campesino por la lucha de la tierra, y pidieron el levantamiento de la medida y el sobreseimiento de los tres afectados.
Se trata de Marcial Gómez, secretario general adjunto de la FNC; Sixto Portillo, secretario general departamental en San Pedro; y Rosa Blanca Acuña, del asentamiento Cristo Rey, del distrito de Guayaybí.
En contacto con Última Hora, Marcial Gómez señaló que no tenían conocimiento ni siquiera de la imputación, cuya carátula está como “Causa Marcial Gómez por invasión de inmuebles”. Además, explicó que sería por una supuesta invasión de propiedad en Guayaybí, Departamento de San Pedro, lo que, según dijo, es falso ya que ni siquiera estuvo por la zona.
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“En la carpeta judicial está como invasión de propiedad en San Pedro, solamente de eso tenemos información hasta ahora. Yo no me fui a San Pedro, no hice ninguna invasión. Sixto Portillo vive en San Vicente y la otra compañera (Acuña) es la que vive en Guayaybí”, aseveró el dirigente.
Finalmente, lamentó la forma en que se está obrando desde la Justicia contra el campesinado, indicando que la orden de captura aparentemente ya fue impartida el pasado 24 de enero, pero que recién este miércoles tuvieron información sobre el caso mediante un defensor público.
“No hay ninguna notificación, ninguna convocatoria, nada. Definitivamente, esto es parte de la persecución por la lucha de la tierra”, finalizó Gómez.
Por su parte, en el escrito de la FNC, condenaron y repudiaron la imputación y la orden de captura para los tres líderes, calificando el caso de “arbitrario”.
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“Es una persecución directa y selectiva a la organización y a sus dirigentes que luchan por los derechos fundamentales de nuestro pueblo, en especial por el acceso a la tierra y la defensa de los asentamientos campesinos y comunidades indígenas”, sentenciaron en el escrito de la agrupación campesina.
Y añadieron finalmente: “La persecución, la criminalización, el encarcelamiento, la represión, los desalojos no son el camino para lograr la paz y el desarrollo del Paraguay”.
La Ley de Invasiones, que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo, eleva las penas por ocupaciones de inmuebles, por lo que estas se convierten en crimen. A través de ella, quienes ocupan propiedades ajenas se exponen hasta a 10 años de prisión.
