Menciona que las decisiones en torno a las prioridades del gasto público y los aumentos de la deuda pública suelen dar lugar a desacuerdos. Cita como ejemplo a las deficiencias del proceso presupuestario que se pusieron especialmente de manifiesto el año pasado, cuando las tensiones entre los distintos poderes del Estado culminaron en el veto presidencial del Presupuesto de 2017.
Agrega que este año, el ciclo electoral y los cambios institucionales recientes relacionados con la fijación del salario mínimo han intensificado las presiones de gasto en las negociaciones sobre el Presupuesto de 2018.
Advierte que las propuestas encaminadas a aumentar significativamente el gasto corriente (incluido el salarial) podrían violar el tope que le impone al déficit la regla fiscal y podrían afectar la reorientación necesaria hacia una mayor inversión pública, que si se ha registrado en los últimos años. También dice que el aumento del déficit no es deseable en una fase de aceleración del crecimiento.