La sanción se traduce en una reducción en la dotación de fondos a esos distritos por el equivalente a los salarios de sus directivos.
“Aunque el resultado de la reunión era esperado, no deja de ser decepcionante. Una vez que se reciba la orden oficial, enviaremos una respuesta al estado”, escribió en Twitter el superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade, Alberto Carvalho.
La pelea contra la norma de Florida que deja exclusivamente en manos de los padres si sus hijos llevan o no mascarillas a la escuela comenzó con el inicio del nuevo curso escolar a fines de agosto, que coincidió con un repunte de la incidencia del Covid-19 en Florida.
Aún hoy sigue siendo el estado con más muertes por Covid-19 en los últimos 28 días (más de 8.000), según datos de la Universidad Johns Hopkins.
Además de los distritos escolares, padres de alumnos y organizaciones civiles han respondido a la norma con demandas en los tribunales, que aún no han sido resueltas de manera definitiva.
El Departamento federal de Educación, por su parte, ha abierto una investigación para determinar si esa norma viola los derechos de los estudiantes más vulnerables al contagio.
El Gobierno del presidente Joseph Biden también ha tomado partido por los distritos escolares rebeldes ayudando con subsidios a dos condados de Florida, Alachua y Broward, a los que se les aplicó primero la sanción por obligar al uso de tapabocas y se espera que lo haga también el caso de los nuevos sancionados.
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El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, es contrario a la obligatoriedad del uso de mascarillas en cualquier ámbito, no solo en las escuelas públicas, porque a su juicio no sirven contra el virus causante del Covid-19.
Tampoco está a favor de que se exijan certificados o “pasaportes” de vacunación y lo ha prohibido expresamente mediante una ley, lo que también ha desatado protestas y demandas.
Al aprobar este jueves las nuevas sanciones la Junta de Educación de Florida, el comisionado de Educación, Richard Corcoran, criticó al Gobierno de Biden por tratar de “neutralizar, anular y abolir” la autoridad de la Junta de Educación de este estado.
“Los floridanos deberían estar ofendidos por el uso de los impuestos federales pata hacer que las leyes de Florida se cumplan”, agregó.
Carvalho, superintendente del Distrito Escolar de Miami-Dade, que cuenta con 392 escuelas, 345.000 estudiantes y más de 40.000 empleados, afirmó en la reunión celebrada este jueves que la aplicación de la norma sobre las mascarillas debería atrasarse hasta que efectivamente baje la incidencia de la enfermedad.
