Un procedimiento fiscal y ambiental se realizó este viernes en una franja de aproximadamente 10 hectáreas ubicada entre San Bernardino y Ypacaraí, donde unas 120 familias se encuentran asentadas en medio de denuncias por invasión y presunto daño ecológico.
La intervención está encabezada por el fiscal Fernando Balbuena, acompañado por técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y agentes policiales.
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Durante la jornada, la comitiva se dividió en dos grupos: uno que atendía la denuncia por invasión impulsada por la Municipalidad y otro enfocado en la delimitación del área en el marco de la investigación por presunto delito ambiental.
“Si la Municipalidad denunció cuatro hectáreas, nosotros vamos a trabajar sobre esas cuatro; las otras seis deben ser denunciadas por sus propietarios”, explicó el fiscal.
Aclaró además que la intervención no está limitada a una extensión específica, sino al análisis integral del área.
“El motivo de la constitución es determinar si la ocupación generó o está generando un daño ecológico”, añadió.
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El procedimiento se da en un contexto de conflicto que se arrastra desde hace al menos seis años, cuando se iniciaron las primeras ocupaciones en la zona, las cuales se intensificaron en el último año con el ingreso masivo de familias.
Vecinos de urbanizaciones cercanas ya habían denunciado públicamente la situación e incluso realizaron manifestaciones, señalando que el área afectada corresponde a humedales vinculados al lago Ypacaraí.
Karina Ferrari, vocera de los residentes, indicó que la vía ambiental fue la única herramienta legal disponible para los vecinos. “La única denuncia que podemos hacer es por delito ambiental, porque no somos propietarios”, afirmó.
Sostuvo, además, que existen evidencias de afectación en el ecosistema, como “desvío de cauces de arroyos, tala de árboles, quema y limpieza permanente del terreno”.
También denunció un presunto trasfondo político en las ocupaciones. “Llegaban camiones con materiales… Esto está avalado por políticos”, aseguró.
En el lugar, se realizó el relevamiento de coordenadas y medición del área ocupada, mientras agentes procedieron a la identificación de habitantes presentes en sus precarias viviendas.
Desde el Mades, el representante, Rafael Sosa, señaló que el área se encuentra bajo la Ley 352 de Áreas Silvestres Protegidas, que permite ciertos usos, pero será clave determinar si existe infracción a la Ley 716 de Delitos Ambientales. El agente indicó que, de confirmarse un daño ecológico, podrían impulsarse medidas dentro del ámbito penal.
En caso contrario, las acciones por invasión deberán ser promovidas por los propietarios de los terrenos. El procedimiento incluyó además la verificación de posibles afectaciones a recursos hídricos en una zona considerada de recarga y con características de humedal.
Las autoridades buscan establecer la cantidad exacta de familias asentadas, la extensión total ocupada y si las construcciones se ajustan a la normativa vigente.
El caso se encuentra en etapa investigativa y los informes técnicos serán determinantes para definir eventuales imputaciones o medidas judiciales.
