La fiscala Victoria Acuña se ratificó en los cargos contra el sacerdote José Antonio Rubio, el ex clérigo Sócrates Garcete y Rubén Ramírez Cataldo. Los dos primeros fueron acusados en calidad de autores y el último de los citados, como cómplice. Se investiga la comisión de hechos punibles de lesión de confianza en perjuicio de la Unión Europea. Más de dos millones de euros fueron donados para la construcción de pozos y tratamiento de aguas residuales para familias rurales.
Acuña resaltó que con el proyecto denominado Ysakã debían beneficiarse 50 comunidades rurales, pero que lamentablemente no se llevó a cabo, atendiendo a que parte del dinero fue a parar a manos de la Fundación María Gloria, de Rubén Ramírez Cataldo.
Responsables. “Los co-directores del Proyecto Ysakã, José Antonio Rubio y Sócrates Garcete, firmaron varios cheques a nombre del proyecto de referencia, en guaraníes y dólares. Tenían órdenes de pago a favor de Rubén Ramírez Cataldo, quien firmó a cambio pagarés y recibos por la Fundación María Gloria. El dinero fue cobrado personalmente por Sócrates y otros cheques fueron firmados en forma nominativa de varias personas. Se dispuso del patrimonio del proyecto sin que exista contraprestación a cambio. No se pudieron realizar los fines del proyecto, porque quedó sin patrimonio”, resaltó la fiscala acusadora.
“El 10 de julio del 2000 se suscribió un contrato de transferencia de dinero con la Fundación María Gloria, representada por Rubén Ramírez Cataldo, y este último se comprometió a construir 4 mil viviendas de interés social para el Paraguay. Los desembolsos fueron en dos etapas en el año 2002 y luego en el año 2003, totalizando el préstamo a la Fundación María Gloria de 14.284.532.771 guaraníes.
“Rubén Ramírez Cataldo firmó contrato para la construcción de viviendas económicas, que no se llevó a cabo, a pesar de recibir fondos del patrimonio del Proyecto Ysakã. Los co-directores violaron el reglamento interno del proyecto, que establece claramente la prohibición de disponer de fondos para otra cosa que no sea la construcción de pozos y tratamientos de aguas residuales”, según explicó la acusadora. Acuña se reservó el derecho de solicitar una pena en el estadio procesal oportuno en el juicio.
Hubo intento de suspensión del juicio oral
La defensa del sacerdote español José Antonio Rubio intentó ayer suspender el juicio oral y público, pero ello fue frustrado por el Tribunal de Sentencia.
El abogado Jorge Bogarín González, defensor de Rubio, alegó que estaban litigando con un Estado, puesto que la Unión Europea “ es un Estado, con su propia moneda, autoridades y bandera. Entonces, nos sentimos violentados en nuestros derechos de litigar en igualdad de condiciones y ante ello promovemos una excepción de inconstitucionalidad en contra de la decisión del Tribunal de Sentencia que rechazó el pedido de exclusión del querellante adhesivo”, señaló el profesional del derecho.
El defensor pidió al Tribunal de Sentencia que suspenda el juicio, hasta tanto se pronuncie la Corte Suprema de Justicia. “Ello para evitar gravámenes irreparables y posteriores nulidades”, según explicó Bogarín.
Los jueces, antes de resolver, escucharon a la fiscala Victoria Acuña, quien se opuso a la suspensión de la audiencia y dijo que ella se veía impedida de opinar sobre el planteamiento, atendiendo a que el que se encuentra debidamente autorizado para ello era su superior, el fiscal general del Estado.
El pedido fue elevado a la Corte Suprema de Justicia.
Jorge Bogarín, Defensa de Rubio: “Defensa ante acusaciones”
“La defensa de José Antonio Rubio va a defender las acusaciones de hechos expuestos ante el Tribunal de Sentencia. Sin embargo, una novedad es que los hechos descritos en el auto de apertura de juicio no coinciden con los hechos expuestos por la Fiscalía. Rubio fue engañado. Propusimos un espacio y la Fiscalía se encargó de cerrar la investigación. Vamos a analizar si se cometieron los hechos.”
Adrián Salas, Defensa de Garcete: “No existió dolo o intención”
“Las pruebas van a demostrar la falta de dolo o ausencia para hacer daño alguno. Sócrates Garcete solo cumplía instrucciones de otra persona. Rubén Ramírez Cataldo indujo a Rubio a subsumirse en hechos punibles. Vamos a demostrar que no hubo dolo. No existieron los requisitos necesarios como para considerar la comisión de delitos. Si el proyecto no se llevó a cabo, no fue por culpa de mi cliente.”
Adolfo Marín, Defensa de Ramírez: “Es inocente y buen amigo”
“Nosostros sostenemos que Rubén Ramírez Cataldo es una persona inocente y cayó en una trampa como buen amigo. Firmó documentos, contratos, recibos y pagarés. El dinero salió del proyecto Ysakã y se cometió la lesión de confianza. Pero también podemos decir que la Fundación María Gloria no pecibió un solo dólar del proyecto en cuestión. Los co-directores responables eran Rubio y Garcete.”