Las fiscalas Nathalia Silva, María Luján Estigarribia y Luz Guerrero solicitaron informes a Registros Públicos, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Súper Intendencia de Bancos en el caso que involucra al ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes.
En el caso de la Dirección de Registros Públicos, se busca saber sobre todos los inmuebles que registran las personas físicas y jurídicas relacionadas al caso.
Asimismo, se solicitó el apoyo interinstitucional a la Seprelad con el fin de pedir informes sobre reportes de operaciones sospechosas de los involucrados en el caso y un análisis financiero de los investigados.
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En cuanto a la Superintendente de Bancos, se solicitó la circulación a todo el sector financiero con el fin de recabar información en relación a los involucrados, como así también al sector cooperativo, requiriéndose informes tanto a instituciones públicos y privadas.
El caso inició luego de que se hiciera público un contrato firmado entre Amílcar Fretes, hijo del ministro Antonio Fretes, con Kassem Mohamad Hijazi por USD 368.000, con el objetivo de frenar la extradición a los Estados Unidos del ciudadano libanés.
El abogado e hijo del ministro se vio obligado a renunciar de la Itaipú binacional, en tanto que el ministro Antonio Fretes pidió permiso para apartarse de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Diferentes sectores políticos y civiles pidieron la renuncia del ministro, ante los hechos que hacen suponer que la intención del contrato era llegar al ministro para trabar el proceso de extradición. Incluso, se presentó un pedido de juicio político que no prosperó.
Además, el pleno de la Corte Suprema de Justicia pidió al ministro que renuncia a su cargo, para salvaguardar la imagen de la institución.
Si bien el ministro negó tener conocimiento sobre el caso, llamativamente, durante la sesión de la Corte Suprema del 20 de julio de este año desautorizó ante el pleno, incluyendo a sus hijos, cualquier pedido que se hiciera a su nombre.
Recientemente, también se confirmó la ampliación de la investigación en el caso, incluyendo a Asdrúbal Fretes, otro de los hijos de Antonio Fretes y quien figura como titular de varias empresas de la familia.
El abogado Manuel Rádice denunció en abril pasado la existencia de un esquema de fraude en torno a la quiebra de bancos a mediados de los 90, con el objeto de hacerse con propiedades costosas a precios de ganga y que involucraría a la familia del ministro Fretes, entre ellos Asdrúbal Fretes.
Antecedentes
Hijazi fue acusado por cargos de lavado de dinero y, luego de casi un año de haber sido detenido en Paraguay, fue extraditado a Estados Unidos. El documento sobre el acuerdo entre Hijazi y el hijo de Fretes fue divulgado por el senador del Frente Guasu Pedro Santa Cruz.
El escrito fue firmado en setiembre del 2021 por Sharif Hijazi, el hijo de Kassem Mohamad Hijazi, quien fungió de mandante en el documento, para encontrar una salida jurídica a la extradición.
