EFE
“Si bien todas las causas deben resolverse en un tiempo razonable, la trascendencia institucional de esta requiere un esfuerzo mayor”, explicó a Efe el fiscal Federico Delgado, quien envió un dictamen al juez Sebastián Casanello en el que narra lo que se hizo hasta ahora en la investigación y lo que resta, así como cuáles son los problemas legales y “cómo conseguir algunas pruebas”.
Delgado añadió que el avance de la causa “escapa a la capacidad del sistema judicial”, ya que hay pruebas “que debe conseguir el Poder Ejecutivo”, a través de la Cancillería -mediante exhortos a otros países- y la Unidad de Información Financiera.
La filtración periodística de documentos del gabinete de abogados panameños Mossack Fonseca, denominados papeles de Panamá, reveló en abril de 2016 que el jefe de Estado figuraba, según esos papeles, como miembro directivo de Kagemusha, inscrita en Panamá y Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas.
En ese momento, la Presidencia aclaró que esa última compañía fue creada por el padre del jefe de Estado, el empresario Franco Macri, para realizar una inversión en Brasil que finalmente no se llevó a cabo.
Tras la filtración, que relaciona a políticos y empresarios de todo el mundo con empresas opacas en paraísos fiscales, un diputado opositor del kirchnerista Frente para la Victoria presentó una denuncia a la que hizo lugar Delgado, quien pidió indagar si el jefe de Estado “omitió maliciosamente” su participación en dichas empresas en sus declaraciones juradas de bienes y activos.
El fiscal también solicitó entonces esclarecer si de las operaciones que hizo Fleg Trading se desprende el delito de lavado, si la ley permite investigarlo y si Macri tomó parte de esos hechos o solo su padre Franco.
Asimismo, respecto de Kagemusha, se conoció que si bien aún se encuentra activa, no registra operaciones.
En este contexto, la Fiscalía pidió hoy pruebas “específicas” sobre el delito de “omisión maliciosa” de consignar datos en la declaración jurada y sobre el lavado de dinero.
En particular, añade Delgado, la “necesidad” de chequear la información que presentó Franco Macri a fines de 2016, a través de “la que se hace responsable” del desembolso de 9,5 millones de pesos (597.726 dólares), “cuyo origen es el tópico a dilucidar”.
“Finalmente explicamos por qué una maniobra que en la facultad se enseñaría como un caso de lavado de dinero, es altamente probable que no se pueda juzgar porque no había una ley vigente que reprima ese hecho en el momento en que se cometió”.
Tras la filtración, el jefe de Estado ya había explicado que las empresas nunca tuvieron movimientos, que su inscripción como directivo fue algo meramente formal, a petición de su padre, y que todos sus bienes siempre estuvieron declarados ante el Fisco argentino.
“La Cancillería colaboró en todo lo que tenía que colaborar, yo colaboré, (a mí) también me encantaría que en un momento dado el juez diga de una vez por todas que todas esas denuncias que me hicieron son mentira”, aseveró Macri el pasado 17 de enero.
Casanello, entre las medidas determinadas hasta ahora, libró exhortos a Panamá y Bahamas para que se le informe si Macri “figura o figuró como accionista” en las empresas mencionadas y ordenó estudiar si hay contradicciones en sus últimas declaraciones juradas de bienes.
“Esta investigación debe terminar en un lapso breve. Si el proceso penal debe ser relativamente rápido en todos los casos, si la respuesta judicial debe ser clara, rápida, legítima, comprensible y justa siempre, en este caso más aún. Sobre todo porque desde todos los sectores de la sociedad se reclama una decisión que clarifique la situación” del presidente, aclaró Delgado en su resolución.
