Esto, luego de que la Sala Penal de la Corte haya ratificado el fallo del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, que otorgó el pago a la ahora ex fiscala de San Lorenzo, con las costas del juicio a la Fiscalía.
Con ello, entre salarios caídos, aguinaldos, jubilación, gastos de representación, seguro médico, bonificaciones, gratificaciones, entre otros, la suma llegaría a los G. 450 millones, a los que se adicionan los gastos del largo juicio.
Osorio había sido nombrada como fiscala penal de San Lorenzo el 15 de julio de 1999 y confirmada en el cargo el 31 de octubre del 2006.
Sin embargo, el 7 de octubre del 2009, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la destituyó del cargo por mal desempeño en sus funciones, por supuestamente dar información de los expedientes a terceras personas.
El 15 de noviembre del 2012, el pleno de la Corte Suprema de Justicia anuló la resolución del JEM y dispuso que sea repuesta en su cargo como agente fiscal.
salarios. Ante este fallo, el 22 de noviembre del 2012, la entonces fiscala Carmen Osorio, ya repuesta en el cargo por la Corte, pidió a la Fiscalía General del Estado el pago de sus haberes caídos, tales como salarios, gastos de representación, bonificaciones, aguinaldos, seguro médico y demás que correspondieran.
El Ministerio Público solo admitió el pago de salarios caídos, jubilación y aguinaldos, no así los demás rubros. Con ello, alcanzó la suma de G. 269.448.075, correspondientes al periodo del 7 de octubre del 2009 al 15 de noviembre del 2012.
La entonces fiscala Carmen Osorio acudió entonces al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, al no estar conforme con el monto determinado por el Ministerio Público.
Así, planteó la demanda contencioso administrativa. El 19 de diciembre del 2013, los camaristas Ramón Ojeda, Arsenio Coronel y Rodrigo Escobar le dan la razón.
Disponen que se le deben pagar los salarios caídos, gastos de representación, bonificaciones, gratificaciones y seguro médico desde la fecha en que dejó de percibirlos hasta el 15 de noviembre del 2012. Además, le impuso las costas de todo el juicio a la Fiscalía.
la corte. Esto fue apelado por la abogada Patricia Rivarola, directora jurídica del Ministerio Público, ante la Sala Penal de la Corte.
Los ministros Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta y Luis María Benítez Riera ratificaron el fallo, específicamente el pago de costas impuesto al Ministerio Público, que fue lo recurrido finalmente.