El juez de Crimen Organizado Osmar Legal había determinado que el legislador se siente en el banquillo de los acusados y ser juzgado por un Tribunal de Sentencia, rechazando los incidentes de nulidad de la acusación y el sobreseimiento definitivo al senador.
Para los fiscales, “existen suficientes elementos de convicción” que asentarían la asociación de Galeano con la organización criminal liderada supuestamente por el prófugo Sebastián Marset, por y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico; ambos presuntos capos narcotraficantes, procesados en el caso A Ultranza PY.
A finales del mes de julio pasado, el senador colorado apeló la resolución por el cual se enviaba a juicio el caso, alegando que “lo señalado por el Ministerio Público carece de entidad suficiente para ameritar una acusación”.
Respecto a la venta de un inmueble en el complejo el Acqua Village, por valor de USD 1.000.000, que para la Fiscalía es más bien una simulación, para no dejar rastros del comprador real, que es supuestamente Tío Rico, la defensa del senador expuso que Galeano “no tenía conocimiento de la existencia de Insfrán”.
Dijeron –además– que “ningún ciudadano paraguayo tiene impedimento legal para vender una propiedad a una persona física o jurídica”, y que al momento de la venta, ni Hugo González Ramos (el comprador) ni Miguel Ángel Insfrán tenían problema judicial y que esto tampoco es impedimento legal para una compra-venta.
Ahora el caso está en el campo del Tribunal de Apelaciones, que deberá resolver si ratifica o no la elevación de la causa a juicio oral.
ACUSADO. Erico Galeano está acusado por asociación y lavado de dinero; primero por la venta de la propiedad ya citada y luego por supuestamente haber puesto la avioneta de su empresa a disposición del grupo criminal dedicado al narcotráfico.
Se determinó que los miembros de esta supuesta agrupación usaron en cinco veces la aeronave, dentro del territorio nacional.
La razón por la cual las personas del grupo criminal habrían optado por la avioneta de Galeano, –según el Ministerio Público– es porque las que usaban habitualmente –pertenecientes a Miguel Insfrán– fueron incautadas el 8 de octubre del 2020, en una causa llevada por el fiscal asesinado Marcelo Pecci.
Otra sospecha contra el legislador es que habría recibido dinero del tráfico de cocaína, unos G. 10.379 millones, que insertó al sistema financiero durante su presidencia en el Club Deportivo Capiatá, entre el 2020-2021.
