23 may. 2026

Fiscalía indaga a dos empresas por supuestas apuestas clandestinas

Una comitiva fiscal acudió este viernes hasta la sede del Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) para verificar el listado de empresas que estarían explotando las apuestas deportivas irregularmente. Constataron la existencia de dos firmas clandestinas.

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La Fiscalía acudió este viernes hasta la sede de la Conajzar.

Foto: Centro Apuesta.

Dos empresas, propiedad de extranjeros, son indagadas por el Ministerio Público tras haberse encontrado evidencia documental de que ambas estarían explotando las apuestas deportivas de manera irregular.

El fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad de Delitos Económicos, mantuvo una reunión con el titular del Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz, en la que pudieron verificar todos los datos de las firmas en cuestión.

Este procedimiento se dio en prosecución de una denuncia realizada el año pasado por la Conajzar. Según explicó Estigarribia, estas firmas estarían explotando la actividad a través de nombres de fantasía en todos los puntos del país.

Lea más: Fiscalía investiga a casas de apuestas deportivas por supuestas irregularidades

“Las personas que físicamente son propietarias de las empresas, en realidad no son dueñas de los locales. Son personas que están alquilando la marca, lo que hoy hicimos fue confirmar que estas empresas no tienen la autorización de la autoridad administrativa”, aseveró.

En contacto con radio Monumental 1080 AM, detalló que existe una sola empresa autorizada y que fue adjudicada para la explotación durante el periodo de cinco años.

“Justamente, en estos meses que investigamos, pedimos informe a Contraloría para revisar lo relacionado a la licitación y en la contestación nos dijeron (que) está todo en orden”, refirió.

El representante del Ministerio Público señaló que las compañías deben rendir a la Conajzar un mínimo de G. 800 millones, monto que puede ser aún mayor, dependiendo de la cantidad de apostadores.

El fiscal recordó que la explotación clandestina de juegos de azar son caratulados como delitos y tienen una pena privativa de libertad de hasta cinco años.

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