El agente fiscal Silvio Corbeta de la Unidad 16, Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra el ex intendente de la cuidad de La Colmena (Departamento de Paraguarí), Mario Iván Melgarejo, de 41 años, y otras ocho personas.
Entre los imputados se encuentran funcionarios municipales por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en diferentes grados de participación.
El Ministerio Público investiga un perjuicio patrimonial de un monto total de G. 91.738.000, entre el 2015 y el 2020.
Se sospecha hechos de corrupción que se habrían cometido en obras de construcciones y prestaciones de servicios. Los particulares habrían sido adjudicados con contratos que no fueron ejecutados, conforme a las normativas establecidas, como también libramientos de cheques sin respaldo documental que habrían sido cobrados por funcionarios municipales.
Entre los imputados, junto con el ex intendente municipal, se encuentran Darío Rubén Garay Jara (tesorero), Gladys María Centurión Rojas (secretaria general) y José Augusto López (responsable de la UOC, o la Unidad Operativa de Contrataciones).
Asimismo, se encuentran procesados Teovaldo Ramón Cañete Varela (propietario del taller de Elastiquería San Ramón), Silvia Agostina Pedrozo Acosta (propietaria de la estación de Servicios Copeg - Puerto Irala), Marcelino Torres (propietario de Marcelo Construcciones), Dora Adelaida Lezcano Cardozo (concejal municipal) y Emanuel Satio Yamazaki Alvarenga (exfuncionario municipal).
El escrito refiere que en el año 2016 y 2017 se celebraron contratos entre la Municipalidad de La Colmena y entes privados para la prestación de servicios como ser: provisión de combustibles, reparación y mantenimiento de maquinarias entre otros.
Los contratos fueron firmados por Mario Iván Melgarejo, en su calidad de intendente municipal, y por José Augusto Rojas, mientras que en algunos casos fue suscrito por Gladys Centurión Rojas. Con respecto a las órdenes de pago y los cheques, éstos eran firmados por el ex tesorero, Darío Rubén Garay.
De acuerdo a la denuncia presentada por ediles municipales, el Ministerio Público se abocó a la tarea investigativa librando oficios a entidades bancarias, colectando datos a través de las testificales y ejecutando procedimientos de allanamientos.
“Mediante los documentos incautados, se puede manifestar que existiría un esquema delictivo para la comisión de fraude a la municipalidad, diseñado a través de uso de figuras legales y administrativas con el fin de obtener beneficios en detrimento del erario público”, señala el Ministerio Público.
Además, menciona que con la conducta de los funcionarios se habría causado un perjuicio patrimonial a la institución, consistente en la disminución del valor activo que le correspondía en concepto de asignación a la cuenta Royalties, considerando que dichos fondos no fueron destinados para la financiación de proyectos de inversión pública, desarrollo de la producción local ni regional o mejoramiento de la infraestructura como lo obliga la ley.
Los contratos se efectuaron en los años 2016 y 2017, tanto por la vía de la excepción y por contrato directo, todos bajo la administración del municipio en cuestión.
