Se trata de los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) identificados como Andrea Elizabet Solis Legal, de 36 años; Violeta Soledad Sotelo Ugarte, de 33 años; y Gabriel Macen Pérez, de 36 años; además de la funcionaria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Dolly Raquel Núñez, de 51 años.
La Fiscalía solicitó al juez penal en delitos económicos, Humberto Otazú, que dicte medidas sustitutivas a la prisión preventiva para los imputados como coautores, entre las cuales se menciona una caución real de G. 100 millones para cada uno.
Según la Fiscalía, estas personas habrían estado involucradas en la exigencia de altas sumas de dinero al propietario de una farmacia de Curuguaty para la regularización de documentos y permisos ante la dependencia sanitaria del Ministerio de Salud.
Supuestamente, el 4 de junio pasado, los hoy imputados realizaron una inspección aparentemente no autorizada del local denominado Quimic Brillo, en Curuguaty, Departamento de Canindeyú.
En el sitio se constató la existencia de lotes de productos químicos (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico) con las documentaciones correspondientes; no así la habilitación del local, que corresponde otorgar a la Dinavisa. La denuncia fue realizada en fecha 29 de julio pasado.
Ante el caso, los funcionarios imputados habrían exigido al propietario del local el pago de la suma de USD 10.000, a cambio de que le fuera otorgada la habilitación administrativa categoría A para el local y manifestaron que, en caso contrario, comunicarían a la Fiscalía para que el sitio sea intervenido y se abriera un proceso penal.
Los funcionarios habrían advertido y extorsionado al propietario, quien ante dicha situación, dio como adelanto la suma de G. 16 millones, de los G. 50 millones que finalmente quedó pactado.
El 5 de junio pasado, uno de los agentes de la Senad imputados volvió a comunicarse con el dueño de la farmacia y nuevamente le exigió la entrega de dinero para que se le pueda firmar la habilitación del local.
