Fiscalía: Gobernación utilizaba a funcionarios para urdir desvíos

La Gobernación del Departamento Central contaba con “funcionarios por transferencias”, quienes no prestaban servicios para la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), pero que emitieron facturas, para así poder cobrar sus sueldos, dice en la imputación dada por el Ministerio Público (MP), contra el gobernador Hugo Javier González y otras 14 personas más.

Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said explicaron que los propios funcionarios figuran como proveedores de los desembolsos que hizo la Gobernación a la CIAP. Estos funcionarios emitían sus facturas, pero “desconocían” que sus documentos se utilizaban en rendiciones de cuentas.

“Todos estos ‘funcionarios por transferencia’ coincidieron en que presuntamente la modalidad de trabajo en la que se manejaban era práctica común dentro de la Gobernación y que todos los jefes, incluida aparentemente la señora Lourde Verónica González Decoud y el propio Hugo Javier González Alegre, estaban al tanto”, según figura en la imputación.

Se les solicitaba a ciertos empleados que emitan facturas a nombre de la fundación y de otras asociaciones, pero que desconocían que estos documentos eran utilizados posteriormente en rendiciones de cuenta.

Los funcionarios identificados como Lorena Teresa Laterra, Orlando David Peralta, Osvaldo Luis Cristaldo y Luz Diana Garcete aceptaron haber emitido las facturas y que una empleada de Administración “desde que ingresaron a la institución era quien les habría solicitado que emitieran sus facturas a nombre de la fundación para poder cobrar sus sueldos”.

PROCESADOS. Tanto el gobernador, como muchos funcionarios y ex funcionarios de la entidad departamental fueron imputados por la Fiscalía por haber desembolsado G. 5.105.600.000 para la CIAP para supuestas obras, que ya existían previamente, según el análisis del Ministerio Público.