La fiscala Alicia Sapriza, encargada de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, dijo en radio Monumental 1080 AM que hubo ciertas amenazas de los procesados de algunas causas que llevaba Marcelo Pecci, pero en particular no hubo ningún atentado contra el fiscal.
“Se hizo público ciertas amenazas con procesados de algunas causas, pero en particular no hubo ningún atentado. Una amenaza concreta o un atentado frustrado no hubo (contra Pecci)”, expresó.
El fiscal especializado contra el crimen organizado fue asesinado a tiros en la isla Barú de Cartagena, Colombia, donde estaba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera. Tras el fatal atentado cobró estado público que el día de su casamiento, supuestamente, un vehículo no identificado le cerró el paso.
Investigadores colombianos siguen con la pesquisa por el homicidio del fiscal y las autoridades paraguayas continúan cooperando con base en los pedidos que hacen, precisó Sapriza.
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“Todos los detalles manejan ellos (autoridades colombianas), nosotros colaboramos con los pedidos que nos hacen”, mencionó al tiempo de indicar que la investigación para dar con los autores intelectuales va por buen camino.
“Digamos que vamos por buen camino, la investigación al inicio fue amplia, pero se descartaron varias hipótesis y se reforzaron otras”, acotó la agente del Ministerio Público.
También señaló que por el monto que se habría pagado para perpetrar el crimen, unos USD 500.000, no se trata de cualquier grupo criminal. Se tiene la hipótesis que el Primer Comando Capital (PCC) fue el nexo principal de varias organizaciones delictivas.
Las personas detenidas en el marco de la investigación fueron Francisco Luis Correa Galeano, Wendel Carrillo y Eiverson Zabaleta Arrieta. Además de Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño, madre e hijo.
Ahora, las autoridades colombianas buscan a Gabriel Carlos Luis Salinas, de nacionalidad venezolana, quien manejó la moto acuática en la cual iba el sicario desde Playa Blanca hasta el hotel Decameron.
La Interpol en Colombia emitió un código azul contra el venezolano y su rastreo debe ser realizado en los 195 países que integran la organización internacional.
