La fiscala de la Unidad Especializada de Anticorrupción, Alba Delvalle, lleva adelante la imputación por estafa, lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, a varios ex ministros y directores del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
El caso es sobre 21 contratos donde se detectaron dos grupos de personas con irregularidades. Por un lado, un grupo, que al parecer para llenar el perfil que requieren los contratos del MIC, que son altamente técnicos, se habrían valido de títulos académicos que no poseen.
“Eso lo sabemos porque en una diligencia que hemos realizado, libramos oficios a las universidades que aparecían en los currículos que están agregados en los legajos oficiales del MIC y las instituciones nos informaron que estas personas no tendrían esa calidad académica”, expresó la fiscala a Monumental 1080 AM.
En el otro grupo aparecen personas que sí tienen la cualidad académica requerida, pero no habrían realizado tarea alguna para el MIC.
“Cuando un administrador de fondos públicos realiza un acto de disposición patrimonial, como efectuar un pago por algo, por la compra de un bien o pagar por un servicio, que es lo que en este caso se tendría que haber dado, tiene que precautelar de que el ente reciba la contraprestación, es decir, que valga algo de lo que representa la suma depositada”, señaló la fiscala.
Alba Delvalle explicó cómo se daban estas contrataciones donde primeramente se estampaba el visto bueno de los directores de programas o viceministros, y luego se aprobaba por el ministro de turno.
“Viene una persona para contratar, trae un legajo y existe un contratante. Normalmente contrataban los directores de programa, por ejemplo Rediex, o los viceministros, que a veces eran coordinadores, y, al mismo tiempo, tenían el cargo de viceministro. Ellos firmaban los contratos, posteriormente ese legajo iba al ministro. Con esas circunstancias, de que al parecer no estaría el título y demás, el ministro saca una resolución aprobando dicho contrato”, indicó.
Agregó que se detectaron casos en que no coincide la fecha que figura en el contrato como periodo de contratación, con la fecha de la resolución que aprobó el ministro.
“Al parecer ya se habrían elaborado los contratos sin mayores controles y lo que se habría intentado hacer es darle un viso de legalidad a esos contratos”, expresó.
El caso. La causa se abrió por un supuesto esquema de contrataciones sucesivas de planilleros en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Entre los imputados se encuentran los ex ministros Francisco Rivas, Martín Heisecke y Diego Zavala, así como el actual viceministro de Industria, Óscar Stark Robledo. La Fiscalía detectó que esta práctica se dio por un periodo que va del 2009 al 2013.
